El líder del PP balear, Biel Company, ha recordado hoy lo que ya había advertido el Govern: que la primera consecuencia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJB) de declarar nulo el decreto que regula el catalán en la sanidad pública es que "el catalán ahora sí vuelve a ser un requisito para el personal sanitario". Mientras por esta razón los populares lamentan el fallo, El Pi ha expresado su preocupación y la OCB lo ve una "oportunidad inmejorable", Ciudadanos celebra lo que entiende "un varapalo al Govern".

Cabe recordar que el decreto del Govern eximía a los profesionales de la sanidad pública del requisito del catalán para presentarse a las oposiciones y, en su lugar, les daba dos años para acreditarlo una vez accedían a su plaza. Con la sentencia del TSJB, que declara nulo el decreto, la lengua en la sanidad se regula por la misma ley que la regula para el resto de funcionarios, la ley de Función Pública, que establece el catalán como requisito.

"Es otra chapuza legislativa de las muchas del Govern Armengol", ha criticado el líder del PP, Biel Company, que ha defendido que "como principio general el catalán debe ser un mérito en el acceso a la Función Pública" y sólo requisito en determinadas plazas. También el líder de El Pi, Jaume Font, ha recordado "el decreto no decía que el catalán fuera un requisito para acceder a la plaza", motivo por el que se ha mostrado "preocupado".

Pese a la consecuencia señalada por el PP, el portavoz de Ciudadanos en Baleares, Joan Mesquida, ha celebrado la sentencia que ha considerado "un varapalo de la justicia al Govern". "Sólo cabe celebrar que se haga justicia con la reivindicación del colectivo sanitario", ha pronunciado Mesquida, quien, no obstante, ha reclamado que "el catalán sea considerado como un mérito para acceder a la administración y no un requisito".

La Obra Cultural Balear, que defiende que el catalán sea un requisito en toda la administración, valora la sentencia como "una oportunidad inmejorable para que el Govern rectifique": "La sentencia reconoce el derecho constitucional de los ciudadanos a ser atendidos en catalán" y que "la administración de relevancia jurídica al catalán en el acceso a plazas en la función pública de Baleares". Por ello, la OCB pide que el Govern no recurra.