Todos los sectores empresariales de las islas más vinculados a la actividad turística han respaldado de forma unánime los objetivos que se persiguen en el decreto ley aprobado ayer por el Govern para combatir los excesos en algunas zonas turísticas, como las borracheras o la práctica del 'balconing'. Sin embargo, hay "peros" en las formas, y la advertencia de que sin presupuesto para reforzar los controles y las inspecciones todo puede quedar en un "papel mojado".
Como se ha indicado, la unanimidad se da en los objetivos. Patronales como CAEB y PIMEM, y las sectoriales hotelera, de comercio, restauración y ocio nocturno coinciden en que es necesario poner coto a algunos comportamientos que empañan la imagen de Balears como destino turístico de calidad.
Un aspecto que ha satisfecho de forma especial a los hoteleros es que se respeten los contratos ya firmados, de forma que las limitaciones que se pretenden aplicar en los establecimientos de Magaluf y s'Arenal, en el caso de Mallorca, no se aplicarán durante este verano.
Hay otro punto en el que la opinión es unánime: es necesario destinar presupuesto para incrementar los controles en esas zonas, dado que de poco servirán las prohibiciones que se contemplan si nadie vigila su cumplimiento.
Pero todos los representantes empresariales aplazan su valoración definitiva hasta poder analizar con más profundidad el decreto y conocer la "letra pequeña", al tiempo que se reclama la suficiente flexibilidad para ir adaptando la citada norma dependiendo de las carencias o fallos que se puedan detectar a medida que se pone en marcha su aplicación.
Como ejemplo, el presidente de la asociación de restauración de Mallorca, Alfonso Robledo, apunta la posibilidad de que las limitaciones que se aplican en las dos zonas antes señaladas generen el desplazamiento del problema hacia otras próximas a las que puedan acudir los turistas que buscan una oferta de alcohol, riesgo que también es apuntado por su homólogo en la Asociación de Cadenas Hoteleras, Gabriel Llobera.
El presidente de la patronal de comercio Afedeco, Toni Gayá, añade que la prohibición de que su sector venda alcohol entre las 21,30 horas de la noche y las 8 de la mañana puede ser asumible, pero que eso no debe de conllevar el cierre del establecimiento para permitir así la comercialización de otros productos. Además, insiste en la necesidad de controles para evitar que se cierren supermercados al tiempo que la venta de alcohol se produce de forma irregular en la vía pública.
Son este tipo de aspectos los que llevan a reclamar que se realice un seguimiento de la norma y que se actúe con flexibilidad si se percibe la necesidad de aplicar cambios.
En cualquier caso, la presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca, María Frontera, insiste en la necesidad de respetar los contratos ya firmados para la próxima temporada a la hora de aplicar las limitaciones en la oferta de alcohol en estos establecimientos para evitar litigios y reclamación de indemnizaciones. Además, recuerda la fuerte inversión que los hoteleros han hecho para elevar la calidad de sus establecimientos, de ahí el apoyo a un modelo que huya del turismo de excesos. También la presidenta de la asociación hotelera de la Platja de Palma, Isabel Vidal, expresa su respaldo a esta medida.
En terminos similares se expresa la máxima responsable de CAEB, Carmen Planas, que respalda los objetivos del decreto al tiempo que reclama más inversión pública en las zonas maduras, o el presidente de PIMEM, Jordi Mora, que pone en valor la defensa de la imagen de Mallorca.
El presidente de la asociación de salas de fiesta, Jesús Sánchez, aplaude las medidas contra el pubcrawling y las party boats y respalda la finalidad que se persigue.
La voz más crítica es la de la asociación de empresas turísticas Acotur que preside Pepe Tirado, al considerar que el decreto es "exagerado y desproporcionado".
