El juez Morell ha dado por concluida otra de las investigaciones (la tercera) derivadas de la corrupción de la Policía Local, en este caso de Calvià. En un auto comunicado ayer a las personas afectadas, el magistrado procesa al que fuera jefe de la Policía Local, José Antonio Navarro, así como al inspector Antonio Ledesma (que fue jefe de la Policía de Marratxí), a los agentes Antonio de Santos Pérez, Miguel Pallicer Moreno y José Torres Escamilla, así como a los empresarios Juan Ferriol y Juan Miguel Luna. Les imputa a todos ellos un total de nueve delitos, que incluyen el cohecho, la prevaricación, la extorsión, las amenazas, coacciones, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, omisión del deber de perseguir delitos cometidos por funcionarios y tráfico de drogas.

En un contundente auto se detalla que se aprecian "muy serios indicios" de que estos policías locales tenían intereses económicos derivados de su actividad profesional. Intereses que se traducían en proponerles a los empresarios que les contrataran determinados servicios, una situación que el juez interpreta como una extorsión. "Difícilmente un empresario, a quien se le sugiere la conveniencia de contratar uno u otro (servicio), pueda escogerlo libremente". Y ello debido a que los policías que ofrecían estos servicios, después eran los mismos que realizaban las inspecciones de los locales.

Así, el juez relata el episodio perpetrado en el mes de agosto de 2013. Los policías De Santos y Pallicer, con el conocimiento de su jefe, realizaron una inspección con perros en un local de Magaluf. Apagaron la música, encendieron las luces, separaron los trabajadores de los clientes, y dieron una batida con el perro que detectaba drogas.

Se localizó un paquete de cocaína que previamente había sido escondida por la Policía bajo un sofá. En la diligencia policial no se mencionó esta droga. Los dos policías le mostraron la cocaína a los dueños del local y les dijeron que la habían encontrado en el mueble. El juez considera que los policías de Calvià pretendían demostrar a los empresarios el poder que ejercían y la capacidad que tenían para perjudicarles, a la vez que beneficiaban a otros empresarios de la competencia. Los dos empresarios pidieron explicaciones en el ayuntamiento de Calvià, mostrando una grabación de la actuación de los dos policías. A la reunión acudió el jefe de la Policía Local, José Antonio Navarro, que dijo que conocía los hechos, pero que había consistido en un entrenamiento para el perro. En la reunión, según especifica el auto, amenazó a los dos empresarios con que el Ayuntamiento se querellaría contra ellos si daban publicidad de lo ocurrido a la prensa.

Gestoría

Pero además de dirigir la Policía Local de Calvià, Navarro realizaba un trabajo paralelo. Colaboraba con una gestoría, dirigida por Antonio Ledesma, que se encargaba de tramitar las nóminas y los contratos de los empleados de determinados locales del ocio del municipio. Se trataba de negocios que el responsable policial tenía la capacidad de ordenar que fueran sometidos a inspección.

El juez también procesa a los dos empresarios que contrataron los servicios de esta gestoría, ya que el juez cree que, a cambio, eran avisados cuando estaba prevista una inspección. También destaca el juez las irregularidades descubiertas en la unidad canina de la Policía Local, donde la droga que se guardaba no se correspondía con la que entregó Sanidad.

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