La conselleria de Administraciones Públicas remitió ayer a la Oficina Anticorrupción la documentación sobre los cargos políticos que cobran el plus de 22.000 euros en concepto de residencia, al estar empadronados fuera de Mallorca. Esta documentación fue requerida por el director de la Oficina Anticorrupción, Jaume Far, para poder iniciar la investigación sobre si el cobro de este complemento se ajusta a la legalidad. Far ya anunció que los citaría a declarar para que justifiquen esta importante cantidad anual de dinero público que perciben.
Según ha podido saber este periódico, Administraciones Públicas ha remitido información de un total de 19 cargos que cobran los 22.000 euros. A los 15 ya conocidos (siete de ellos de Podemos) entre consellers, directores generales y cargos de confianza que trabajan en las conselleries del Govern, se ha incluido a otros cuatro cargos más que están en empresas públicas. En concreto hay un cargo importante de IB3, otro en Ports de les Illes Balears, otro en la Agencia Balear del Agua y Calidad Ambiental (Abaqua) y el último en la Agencia de Turismo de les Illes Balears (ATIB) que lo perciben. Estos cuatro últimos políticos de empresas públicas tienen su residencia en Evissa.
La principal línea de investigación de la Oficina Anticorrupción será comprobar si el citado plus se cobra de forma correcta. Tal y como desveló este periódico, dos cargos de Podemos lo cobran pese a tener a sus familias integradas en Mallorca.
