15 de enero de 2020
15.01.2020

El juez archiva el caso ORA al no ver indicios de sobornos para Gijón y Rodríguez

El magistrado destaca que tampoco existen pruebas de que el concurso adjudicado por Cort se amañara en favor de Antoni Roig

15.01.2020 | 13:37

El juez Antoni Garcías ha archivado el caso ORA, la presunta trama de corrupción en torno a la adjudicación por el Ayuntamiento de Palma del contrato para la prestación de dicho servicio, y donde estaban investigados los exdirigentes del PP José María Rodríguez y Álvaro Gijón y el empresario Antoni Roig, defendido por Salvador Perera. Según el instructor, "no hay suficiente prueba de cargo" para poder mantener que Rodríguez y Gijón recibieron un soborno millonario de la UTE integrada por Roig y que el contrato de la ORA se amañó.

Garcías explica en su auto que las pesquisas en torno al patrimonio de Álvaro Gijón, representado por José Ramón Orta, y el de su familia no han confirmado las sospechas del presunto soborno. Entre otras cosas se ha investigado si un piso a nombre de la familia Gijón formaría parte de la presunta dádiva. "No existen datos objetivos de que que ese inmueble fuera recibido de manera ilegal por Álvaro Gijón" y su familia, destaca el auto de archivo.
También se hizo una investigación patrimonial al exteniente de alcalde de Cort por el PP José María Rodríguez  y no se halló ninguna sombra del cohecho.

Los investigadores repasaron el patrimonio de los padres de Gijón y detectaron una aportación de 200.000 euros por parte de la madre. Para el instructor, tampoco hay indicios de que esa operación fuera ilícita.

Tampoco prevaricación


En el caso ORA también se investigó si se había cometido un delito de prevaricación, algo de lo que tampoco ve indicios Garcías. El juez recuerda en su auto que el expediente de la ORA dio lugar a algunas incidencias: "modificación del pliego, la manera del nombramiento de los miembros de la comisión técnica, su tiempo en la emisión de informes y diferentes omisiones y ocultación de datos".

Sin embargo, el magistrado estima que del análisis de los documentos aportados y del testimonio de algunos cualificados funcionarios no se desprende que se amañara el concurso. Esta prueba ha servido para justificar "las variaciones que se pudieron producir a lo largo del concurso". También se ha recibido "una explicación técnica del posible incremento del precio del concurso" en comparación con otros anteriores y que no obstante originó un beneficio para Cort. Ninguna parte acusaba a los investigados.

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