Un director de instituto, declarado simpatizante del PP, expresaba el viernes su indignación con el recorte en las partidas que los centros educativos esperaban recibir este año. "Yo voy a sacar la camiseta verde", aseguraba.

Chirría que un afín al PP pueda tener esa prenda verde que representó la lucha contra la política educativa del Govern de José Ramón Bauzá y sorprende que haya quien se plantee usarla cuando parte de la marea verde hoy ocupa los despachos, pero como recordaba ayer en una conversación privada una profesora el lema de la camiseta era Crida per una educació pública de qualitat: una reclamación que, a su entender, debe hacerse a cualquier administración, sea del color que sea.

El TIL prendió la mecha, pero unos recortes sin precedentes avivaron el incendio de la máxima movilización de la historia de la educación en el archipiélago.

Parte del sector ha vivido como una traición la inesperada jugada del Govern con las partidas de funcionamiento. Las formas hacen el golpe más doloroso y el nombre de la maniobra (bloqueo, recorte, intervención, trile) les es indiferente: la realidad es que tienen menos dinero de lo que esperaban para este año y sienten que se ha roto la confianza que habían recuperado de y en la Administración.

"¿Hemos de volver a sacar la camiseta verde?", planteaba hace dos días un docente en el grupo de Whatsapp de su instituto. "Hace tiempo que deberíamos haberla sacado, si es que parecemos tontos", reflexionaba otro. "Nunca había visto a la directora de mi instituto tan enfadada", contaba otro profesor.

"Estamos revisando si afecta también el dinero de la Universitat por el Máster de Formación de Profesorado", comentaba un docente incrédulo. En otro centro criticaban que les han dejado de ingresar el dinero correspondiente a los fondos que reciben de la Unión Europea para los programas de intercambio de Erasmus+: "¿Pero esto es legal?". Los responsables de los equipos directivos están encajando el golpe y se espera que la semana que viene acuerden una postura conjunta.

Los sindicatos STEI, ANPE y Alternativa ya expresaron el viernes su malestar. Ayer se les unió CCOO, que considera que la medida "se podría haber anunciado con más antelación para dar la posibilidad a los centros de organizarse y reaccionar". Respecto a la propuesta de Educación de estudiar las necesidades de presupuesto que justifiquen los centros, el sindicato lamentó el exceso de burocracia que eso supondrá y que la medida "haya sido unilateral".

Comisiones es otra más de las voces que muestra su extrañeza por que no se haya tenido en cuenta a los agentes sociales y a la comunidad educativa "como ha sido la tónica en la legislatura pasada".

La Federación de Asociaciones de Padres (FAPA) también alude en su comunicado a la falta de diálogo y acuerdo a la hora de ejecutar este recorte de fondos ya que lo considera "una medida poco consensuada y que puede ser problemática".

Y de fondo a la sorpresa, las quejas y los lamentos, la comunidad educativa vislumbra al eterno emperador desnudo: un presupuesto precario para un sistema creciente y con muchas necesidades. La ley educativa que Educación quiere sacar adelante blinda una inversión del 5% del PIB en el sector a partir de 2029. El PSOE ya se comprometía a alcanzar ese porcentaje de inversión en su programa cuando se presentó a las elecciones en 2015, aunque de momento este año no hemos pasado del 3,1%.