Las visitas solicitadas por Vox a 52 centros educativos comenzarán este mes. Educación quiere que se haga una visita cada semana (barajaba hacer una cada viernes) y siempre fuera del horario lectivo. Un máximo de dos diputados podrán visitar las zonas acotadas por el director, que deberá acompañar la comitiva junto al inspector de zona.

Educación hizo pública ayer estas condiciones tras haber consultado a sus servicios jurídicos y asumir que debe permitirlas. Si el partido quiere alguna documentación en concreto deberá solicitarla a la presidencia del Parlament.

Jorge Campos, diputado de Vox, señaló que están estudiando "la posible ilegalidad" de estas instrucciones y anunció que el lunes harán pública su postura.

Poco antes de que Educación hiciera públicas estas instrucciones, el STEI requirió más información sobre estas visitas, con cuestiones concretas sobre si los diputados podrían hacer fotos.

Como desveló este diario, el pasado diciembre Martí March se reunió con los inspectores para organizar estas visitas. Miembros del cuerpo de Inspección expresaron su rechazo a tener que asumir esta tarea al considerar que se trata de una cuestión política. Educación confirmó ayer que sí tendrán que acompañar a la comitiva "atendiendo a las funciones que les otorga el ordenamiento jurídico". Deberán encargarse de "comprobar que la visita se ajusta a los términos establecidos". Los inspectores se enteraron ayer por la prensa de este procedimiento y de su papel en él, lo que generó cierta indignación en el departamento.

Además de acotar al máximo posible las visitas, la Conselleria mostró ayer su apoyo y confianza en la labor docente, desmintió que estos diputados vayan a ejercer una función inspectora y tachó de "inaceptables" los intentos por parte "de determinadas formaciones políticas" de poner en duda "el buen funcionamiento de los centros".

El grupo parlamentario Vox solicitó a la Mesa del Parlament visitar 52 centros educativos de Balears (tanto públicos como concertados, puede consultar la lista completa en la web de este diario), amparándose en lo establecido en el artículo 15.5 del Reglamento del Parlament, que recoge el derecho de los diputados a acceder a las dependencias públicas, con la condición de que las visitas se hagan en tiempos y forma para permitir el normal funcionamiento del servicio (en este caso, "sin interfererir en el derecho a la educación y la libertad de enseñanza").

La Conselleria concede que no hay inconveniente al eventual acceso de una delegación parlamentaria, "otra cosa es que llegue al interior de las aulas en el momento que la actividad lectiva tiene lugar" ya que esto puede afectar al derecho a la educación.

Educación se apoya en el Decreto de Derechos y deberes de los alumnos, que dice que estos "tienen derecho a un ambiente de trabajo que favorezca el aprovechamiento de la actividad programada". Por lo tanto, se entiende que la presencia de una delegación parlamentaria a las clases resulta "desproporcionada" ya que puede afectar a los alumnos (la inmensa mayoría, menor de edad) tanto en la libertad de intervenir con los compañeros y profesor, como en el desarrollo de pruebas y trabajos.

Por otro lado recordó también que el Decreto 36/2001 precisa las funciones de Inspección y que "no se podría" autorizar una visita "a personas que pretenden ejercer funciones que corresponden a cuerpos especializados".

Educación reiteró ayer su apoyo a los centros, a los docentes "acusados de manera continuada de prácticas que no tienen que ver con la realidad" y a los inspectores.

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