Las patronales del pequeño comercio y el Consell de Mallorca se felicitaron ayer por la victoria judicial obtenida frente a la asociación estatal de grandes superficies en relación a la tramitación del plan de equipamientos (Pecma) que pone límites a la implantación de estas empresas en la isla.

La satisfacción de las patronales Afedeco y Pimeco y de la Administración insular se debe a la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Balears, que considera que la moratoria en la concesión de nuevas licencias comerciales que se acordó en 2017, hasta que se produjo la aprobación definitiva del plan en 2019, era ajustada a derecho. Aunque una vez aprobado definitivamente el Pecma esa medida cautelar decayó por lo que la sentencia no tiene efectos reales, se considera que la decisión del Tribunal demuestra que los pasos que se han ido dando son los correctos.

La consellera y el director insular de Territorio, Maria Antònia Garcías y Miquel Vadell respectivamente, valoraron la sentencia al considerar que respalda tanto la competencia del Consell para aplicar una suspensión de licencias cuando realiza planeamientos, como por apreciar en esta decisión un respaldo a la forma en que se actuó en el desarrollo del Pecma.

En este sentido, se pone en valor que se reconozca que la moratoria se aplicó ante la elaboración de una medida de ordenación territorial "sin que en ello se perciba una manipulación del libre mercado", según subrayó Vadell.

También el director gerente de Afedeco, Antoni Vilella, y el presidente de Pimeco, Antoni Fuster, vieron en esta decisión judicial un paso positivo y un respaldo a los trámites que se fueron adoptando en la elaboración del plan.

Malestar de los grandes

Por contra, desde la asociación española de grandes superficies (Anged) se insistió en que la decisión del Consell de frenar la implantación de nuevas grandes superficies supone un importante perjuicio para los ciudadanos de la isla, por considerar además que los consumidores tienen acceso a plataformas digitales en las que realizar sus compras sin que éstas creen empleos en Balears.

El único punto en el que coincidieron todos es en que aunque la sentencia conocida ayer da la razón al Consell de Mallorca, no tiene efectos jurídicos reales una vez aprobado con carácter definitivo el Pecma, y son los recursos que se presentaron contra él a lo largo del pasado año y las sentencias que éstos van a generar las que van a fijar si se mantienen las limitaciones aprobadas, que vetan los centros de más de 40.000 metros cuadrados en Palma, los de más de 13.000 en Inca y PalmaIncaManacorno más de 4.000 en las zonas turísticas, no más de 1.500 en los municipios de tamaño medio, y no más de 700 en el resto de la isla. El plan fue apoyado por PSOE, Podemos, Més, PP y El Pi y la abstención de Ciudadanos.