Moratoria de negocios de juego para que Baleares no sea "Las Vegas low cost"

El Govern ha aprobado hoy la suspensión de nuevas licencias para la apertura de establecimientos de juego en Baleares durante dos años con el fin de elaborar en ese plazo el decreto de planificación de estos negocios y evitar que, mientras, se produzca "una avalancha" de solicitudes que conviertan a Baleares en unas "Las Vegas low cost", según ha explicado el vicepresidente y conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes.

La moratoria, que entrará en vigor cuando se publique en el BOIB mañana, o como muy tarde el martes, no tiene efectos retroactivos por lo que no afectará a las cinco solicitudes de nuevas licencias que hay en la actualidad, que continuarán con su tramitación lo que no implica que se autoricen.

En la actualidad, según los datos ofrecidos por Yllanes, hay en Baleares 148 salones de juego, cuatro bingos, tres casinos y un local específico de apuestas. Yllanes ha resaltado que "más de la mitad de las empresas que instalan salones de juego y máquinas tragaperras son extranjeras", con interés en obtener beneficio en una zona turística como son las islas, y ha incidido en la necesidad de "reorganizar el juego" e introducir "medidas de racionalización", dado el "crecimiento y concentración de salones de juego y apuestas que ha habido en los últimos años". En este sentido, ha puesto como ejemplo que solo en Son Gotleu hay "22 salones de juego y de apuestas" y que en el conjunto de Baleares hay instaladas más de 4.200 máquinas tragaperras.

La moratoria de dos años se podrá prorrogar si, transcurrido ese plazo, no ha entrado en vigor el decreto de planificación, aunque el vicepresidente se ha mostrado convencido de que en este tiempo estará listo.

El acuerdo de suspensión de licencias "responde a razones de interés general de orden publico, salud pública, seguridad y protección de los derechos de los usuarios de los juegos" con el objetivo de establecer una política de "juego responsable con especial protección a los menores y a los colectivos más vulnerables".