La sentencia conocida ayer en la que se respalda la moratoria comercial aplicada en 2017 por el Consell de Mallorca no pone fin a la guerra judicial que rodea la aprobación del plan que regula la implantación de nuevas grandes superficies (Pecma). Esa misma medida cautelar fue recurrida también por la promotora del proyecto de Ses Fontanelles y por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, y además hay otros tres recursos contra la aprobación definitiva del Pecma presentados por la asociaciones de grandes empresas comerciales, por la empresa de Ses Fontanelles y por un particular de Marratxí, decisiones estas últimas que además pueden dar pie a nuevos recursos, lo que deja por delante años de pleitos.