Las visitas de Vox a los centros educativos empezarán este mes

Como desveló este diario, el pasado diciembre el conseller March se reunió con los inspectores para organizar estas visitas y miembros del cuerpo de Inspección expresaron su rechazo a tener que asumir esta tarea al considerar que se trataba de una cuestión más política. Educación ha confirmado hoy que sí tendrán que acompañar a la comitiva "atendiendo las funciones que les otorga el ordenamiento jurídico". Deberán encargarse de "comprobar que la visita se ajusta a los términos establecidos" en el procedimiento establecido.

Además de definir el procedimiento, en el comunicado remitido hoy por la Conselleria, ésta argumenta por qué ha accedido a esta petición, muestra su apoyo y confianza en la labor docente, rechaza que estos diputados vayan a ejercer una función inspectora y tacha de "inaceptables" los intentos por parte "de determinadas formaciones políticas" de poner en duda "el buen funcionamiento de los centros".

El grupo parlamentario VOX solicitó a la Mesa del Parlament visitar 52 centros educativos de Baleares (tanto públicos como concertados), amparándose en lo establecido en el artículo 15.5 del Reglamento del Parlament, que determina que los diputados pueden acceder a las dependencias públicas, con la condición de que las visitas se harán en tiempos y forma para permitir el normal funcionamiento del servicio.

Educación ha informado hoy que, una vez consultados los servicios jurídicos de la Conselleria y confirmado el derecho de estos diputados, la administración tiene que concretar los detalles de las visitas para garantizar que se harán en tiempos y forma para permitir el normal funcionamiento del servicio, "sin interferencia en el derecho a la educación y la libertad de enseñanza".

Así, reza el texto, se considera que si bien no hay inconveniente al eventual acceso de una delegación parlamentaria en el interior de los centros docentes, "otra cosa es que este acceso llegue en el interior de las aulas, en el momento que la actividad lectiva tiene lugar" dado que esto puede afectar al derecho a la educación del alumnado. En este sentido, el artículo 7.3 del Decreto 121/2010 de Derechos y deberes de los alumnos establece que "los alumnos tienen derecho en un ambiente de trabajo que favorezca el aprovechamiento de la actividad programada". Por lo tanto, se entiende que la presencia de terceros durante el periodo lectivo, como sería una delegación parlamentaria, resulta "desproporcionada" puesto que puede afectar a los alumnos (la inmensa mayoría, menor de edad) tanto en la libertad de intervenir en clase con los compañeros y/o el maestro o profesor, como en el desarrollo, si se tercia, de pruebas y trabajos.

Por otro lado, el Decreto 36/2001 establece que las funciones de la Inspección son supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos y los programas que inciden; y supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.

Por lo tanto, "no se podría autorizar una visita en los centros educativos a personas que pretenden ejercer funciones que corresponden a cuerpos especializados cómo es el caso de los inspectores de educación".

Si el grupo parlamentario quisiera documentación sobre el centro, debería solicitarla a través de la Presidencia del Parlament, según el establecido en el artículo 15.2 del reglamento, recuerda Educación, que acaba su texto mostrando su apoyo a los centros y a los docentes "que han sido acusados de manera continuada de prácticas que no tienen que ver con la realidad". Expresa también su respaldo a los inspectores de educación.

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