La magistrada de instrucción 12, Victoria Pelufo, investiga en la segunda parte del caso Contratos la comisión de los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales y fraude por un grupo de exaltos cargos y antiguos asesores de Més, encabezados por el consultor Jaume Garau (exjefe de campaña del partido ecosoberanista), y que fueron denunciados en una querella por el Partido Popular (PP). Pelufo ya ha citado a algunos de los querellados, entre ellos Garau y la exconsellera de Cultura Ruth Mateu, para finales del próximo mes. Garau concurrió a uno de los contratos investigados con dos de las tres empresas invitadas.
Las pesquisas se basarán en parte de la querella interpuesta por el abogado Fernando Alberich en nombre del PP en agosto del 2018 y que ahora, año y medio después, ha sido admitida a trámite. El grueso de la querella ya fue sobreseído en su día por el magistrado Enrique Morell, que no vio indicios delictivos en varios contratos que el Govern de Més adjudicó, por el sistema de invitar a tres empresas, a Jaume Garau.
La fiscalía anticorrupción interpuso en su día una querella contra Garau, Mateu, y los exaltos cargos Pere Muñoz, Jaume Gomila y José Ramón Cerdá. Todos fueron exculpados con un informe de la fiscalía anticorrupción que no veía delito en los hechos.
El PP introdujo en su querella esos contratos sospechosos y añadió otrosintrodujo en su querella esos contratos sospechosos y añadió otro. Las adjudicaciones que fueron investigadas por Morell y que se incluyeron en el archivo no se investigarán otra vez.
La jueza Pelufo así se tendrá que centrar en cuatro adjudicaciones, otorgadas entre 2015 y 2017, por la conselleria de Cultura de Ruth Mateu (a través del Consorci per a la Música de les Illes Balears); el Ayuntamiento de Palma (por mediación del Patronat de l'Habitatge-Rehabilitació de Barris); el Ayuntamiento de Calvià (a través de la empresa pública Calvià 2000) y el Consell de Formentera.
Para adjudicar esos contratos se usó en casi todos los casos el mismo sistema de invitar a un negociado menor a tres empresas, de las cuales siempre había una o dos vinculadas a Garau, que ganaba el mini concurso.
En el caso del Patronat de l'Habitatge el regidor de Urbanismo era entonces Antoni Noguera, que luego fue alcalde de Palma por Més e incluido en la querella.
Calvià 2000 contrató en enero del 2017 a la consultora Consultores de Políticas Comunitarias S.A., de Jaume Garau, para un asesoramiento urbanístico. La querella del PP ignora quién fue el responsable político de esa contratación, también efectuada en un negociado sin publicidad. El último contrato fue concedido por el Consell de Formentera, presidido el querellado Jaume Ferrer.
