Un juzgado de Inca ha archivado el caso contra cuatro guardias civiles de Pollença acusados de no atender y proteger debidamente a Lucía Patrascu, la mujer de 47 años que fue asesinada a cuchilladas por su marido en el balcón de casa en el Port de Pollença el pasado 29 de mayo de 2016, cuatro horas después de acudir al cuartel de madrugada para denunciarle.
La magistrada que ha instruido la causa ha decretado el sobreseimiento provisional al estar todas las partes de acuerdo con que se dé carpetazo al procedimiento penal. Las defensas de dos agentes investigados pidieron en un primer momento el archivo y la Fiscalía estuvo conforme, si bien recalcó en un extenso informe que hubo "deficiencias y disfunciones" en el servicio prestado a la víctima y apuntó a que los hechos podrían ser una infracción disciplinaria.
El resto de defensas se adhirieron a la solicitud de sobreseimiento y la acusación particular, en representación de los dos hijos de la fallecida, no se opuso, pero pidió que se adoptaran las oportunas medidas disciplinarias contra los guardias civiles investigados en cumplimiento del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil.
Precisamente, la jueza de Inca que ha cerrado el caso concluye que el archivo no exime de que se puedan adoptar medidas disciplinarias por parte del Instituto Armado. Así, ha ordenado remitir su resolución al Negociado de Expedientes de la Comandancia de la Guardia Civil de Balears para que se incluya en el expediente abierto por estos hechos.
La magistrada hace referencia al principio acusatorio por el que se rige el proceso penal en el auto de sobreseimiento. "Es necesaria la existencia de acusación para que pueda seguir adelante el procedimiento", señala la resolución. En este caso, todas las partes personadas estaban de acuerdo en que se archivara el procedimiento, por lo que la jueza procede a cerrar la causa, sin perjuicio de su reapertura si aparecieran nuevos indicios.
No hay delito según el fiscal
La Fiscalía exculpó a los cuatro guardias civiles investigados al considerar que los hechos no constituían un delito de omisión del deber de perseguir delitos ni tampoco otro de denegación de auxilio, este último planteado por la Audiencia de Palma al reabrir el procedimiento en mayo de 2018. Los agentes recalcaron al ser interrogados que Lucía Patrascu siempre estuvo protegida y que no la vieron nerviosa cuando acudió al cuartel poco antes de las seis de la mañana del 29 de mayo de 2016. Una hora después, la mujer se marchó sin que le recogieran la denuncia por escrito. Más tarde, era asesinada en su casa por su esposo, Ioan Ciotau, condenado a 22 años de cárcel por el crimen machista.
El Ministerio Público dejó abierta la puerta a la familia de la víctima para que pueda reclamar al Estado por una presunta responsabilidad patrimonial y para que se aclaren las posibles infracciones disciplinarias de los agentes actuantes. La Fiscalía detectó "deficiencias y disfunciones" en el servicio que prestaron los guardias. Así, Patrascu llegó a entrevistarse con cuatro agentes diferentes, la entrevista se produjo en la entrada del cuartel y no en una habitación aparte, un agente saliente de turno abandonó su puesto de puertas antes de que llegara su relevo, el guardia entrante llegó tarde al quedarse dormido, hubo falta de comunicación entre los agentes salientes y entrantes, según observó el fiscal.
