Las empresas de reparación y mantenimiento de embarcaciones del archipiélago están en pie de guerra por la nueva tasa que se les iba a aplicar desde enero próximo. Tras conocerse que la Autoridad Portuaria de Balears (APB) la aplazará hasta julio las asociaciones del sector llaman al consenso, mientras que las empresas celebran la suspensión y reclaman que se rehaga el pliego de condiciones que regula el gravamen.
Esperan poder negociar para que la aplicación de la tasa del 1,5% sobre el volumen de su negocio sea "lo menos dolorosa posible", señalaron ayer desde GMA Consultors.
El Consejo de Administración de la APB acordó aplazar hasta el 1 de julio la fecha de entrada en vigor del pliego de condiciones del servicio comercial de reparación y mantenimiento de buques y embarcaciones en los puertos de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina. Así dará tiempo a las empresas a que se adapten, tras constatar en un encuentro celebrado en la Cámara de Comercio esta semana la falta de consenso.
A pesar de haber informado a las patronales y asociaciones durante la elaboración de los pliegos, destacan desde la APB, no ha llegado información directa a los empresarios, muchos autónomos. La normativa surge de un texto refundido de la ley de Puertos del Estado que grava las actividades comerciales en dominio público. Desde 2010 en Balears las empresas pagan 600 euros al año, y con el cambio su aportación dependerá de la actividad sobre su volumen de negocio. "Llevamos diez años de atraso y esto es ponerse al día", apuntan las fuentes.
Las empresas consideran que hay "irregularidades" en los pliegos, explica Gregory Simon, de GMA Consultors. Se destaca que carecen de memoria económica -"no sabemos por qué hay que pagar ese 1,5%"- y se tacha la tasa de "arbitraria y elevada", además de que se pide que se matice lo que se "entiende por cifra de volumen de negocio". Por todo ello más de 70 empreas presentaron un recurso de reposición ante la APB. Si las empresas tiene que subir sus tarifas para pagar la tasa, las embarcaciones se irán a otros puertos, se aduce.
Sobre esta "pérdida de competitividad", desde la APB, se alega que hasta ahora en Balears no se ha estado pagando en los varaderos abiertos.
Por su parte, Anen, Aenib, Aegy y el Balearic Marine Cluster creen que la presencia del sector en el Consejo de la APB "ayudaría" a que no se repitan situaciones de alarma empresarial. Avisan de que la productividad de las empresas, 171 millones de euros de valor añadido, se vería afectada con la imposición de la norma.
