La Sindicatura de Cuentas entregó ayer el informe de fiscalización de las operaciones financieras de los consells insulars correspondiente al año 2017. En el caso del de Mallorca alerta del importante volumen de litigios pendientes con posibles indemnizaciones de 139 millones de euros. Entre otros aspectos, la Sindicatura asegura que no "puede evaluar el impacto" económico de estas indemnizaciones sobre las cuentas del Consell de Mallorca y exige a los servicios jurídicos que se realice un informe de los riesgos sobre los litigios pendientes.
El organismo fiscalizador también recrimina a la institución insular que no haya rendido las cuentas y la información en los plazos "legales establecidos".
En concreto, la Sindicatura de Cuentas apunta a las reclamaciones de la concesionaria del Túnel de Sóller, que tras el rescate pide 13 millones de euros. Asimismo, se refiere a los 7,7 millones por la fallida sede de la Televisió de Mallorca, conocida como Son Puig, y los 84,4 millones que reclama la concesionaria de los residuos de obra, Mac Insular, por diferencias tarifarias. A todo ello hay que unir la indemnización por reequilibrio financiero que reclama la concesionaria de la carretera de Manacor por el peaje en la sombra y que asciende a otros 130 millones y que el Consell tiene recurrido.
La sindicatura apunta que en los documentos del informe de fiscalización presentan 34 recomendaciones con respecto al Consell de Mallorca, 27 para la Administración general y siete para el IMAS.
Entre estas recomendaciones destacan que se realice, por parte de los servicios jurídicos del Consell, una valoración de la "existencia de riesgos respecto de los litigios en curso, en concepto de responsabilidad patrimonial y otros, y distinguir entre: riesgo probable (más de un 50% de probabilidad de que el litigio prospere contra el Consell.
También apunta a que habilite una provisión contable, e informar de ello en la memoria de las cuentas anuales, para los litigios con un mayor riesgo.
Asimismo recrimina el pago del plus de productividad a los funcionarios, que según la Sindicatura era un complemento puntual y el Consell lo paga de forma constante. Sobre la mayoría de incidencias detectadas, el Consell ha presentado alegaciones.
