Inspección de Trabajo obliga a Glovo a incluir en plantilla a sus 361 repartidores de Baleares

Las conclusiones a las que se llega en el expediente abierto por la Inspección en las islas determinan que se ha estado cometiendo un fraude laboral al considerar a estos repartidores o 'glovers' (como se les denomina) como falsos autónomos, por lo que en su acta exige a la citada plataforma digital que pasen a ser contratados como trabajadores indefinidos por cuenta ajena. En cualquier caso, se recuerda que Glovo tiene la posibilidad de recurrir esta decisión.

Un aspecto destacado por fuentes de la Inspección laboral es la decisión que se ha adoptado desde el Ministerio de intensificar los controles en relación a este tipo de plataformas, entre las que Glovo tiene el peso más importante en las islas, pero donde también operan otras como Just Eat o Deliveroo, por citar a algunas de las firmas más relevantes.

Por ello, se apunta que previsiblemente se van a desarrollar más controles en esta materia, a la vista de los resultados obtenidos en esta primera actuación, de la que se destaca tanto el número de empleados afectados (361 residentes en el archipiélago deberán pasar a cotizar como indefinidos por cuenta ajena) como el importe de las cuotas que se deberán abonar a la Seguridad Social (365.392 euros) en concepto de las cantidades que se deberían de haber cotizado y que la empresa evitó pagar. Eso explica la importancia que se otorga a esta actuación.

El sistema utilizado por muchas de estas compañías consiste en alegar que son simples intermediarios entre los restaurantes o comercios que operan a través de ellas y los repartidores, por lo que se considera que éstos son simples autónomos, evitando así tener que pagar sus cotizaciones a la Seguridad Social. En concreto, se argumenta que estas personas pueden elegir su horario o rechazar los encargos, y cobran en función de aspectos como las entregas realizadas. A cambio, son los repartidores los que aportan su teléfono móvil y las bicicletas o motos en las que se desplazan (también se les califica como 'riders').

Sin embargo, la Inspección de Trabajo rechaza esta argumentación y considera que los repartidores de Glovo en las islas son claramente trabajadores por cuenta ajena, lo que supone que deben de ser incorporados en la plantilla de la empresa y ésta debe de asumir sus cotizaciones.

Criterios de la Inspección

La investigación realizada en las islas ha llevado a la Inspección laboral ha determinar que es Glovo, y no los repartidores, quien fija los precios que cobra a las empresas de restauración, comercios y otro tipo de locales que aparecen en su plataforma, tanto por lo que a visibilidad como al servicio de entrega de los productos se refiere, sin que los 'glovers' puedan asumir ningún tipo de responsabilidad al respecto. Los datos de los negocios que encomiendan sus repartos a estas plataformas solo están en manos de éstas, y no de los repartidores.

Igualmente, se señala que no existe relación entre los 'glovers' y los restaurantes o comercios para los que realizan el reparto, y que solo a través de la plataforma digital los primeros pueden desarrollar su labor, lo que supone una clara dependencia de la misma.

Un aspecto clave es la denominada "ajenidad", es decir, el hecho de estar trabajando para otro, y en este aspecto se considera que los repartidores de Glovo presentan todas las características, al no ser partícipe de los riesgos de pérdidas o beneficios y no poder tomar decisiones de mercado, que lo que caracteriza la actividad de un empresario o de un autónomo.

Fuentes de la Inspección plantean incluso que la posibilidad de elegir horario por parte del repartidor está, en la realidad, limitada, ya que aquellos que renuncian de forma habitual a prestar algún servicio se ven penalizados a la hora de hacerles futuros encargos en las horas en las que se concentra la demanda.

La polémica en torno a la situación de los 'glovers' está siendo enormemente intensa, hasta el punto de que diferentes Tribunales de lo Social han emitido sentencias en sentidos opuestos, con algunas que consideran que en realidad existe un fraude y son falsos autónomos, y otras en los que se respalda esa calificación. Estas contradicciones se han dado también en decisiones de Tribunales Superiores de Justicia.

A ello hay que sumar el fallecimiento durante el presente año de un trabajador de Glovo de 22 años en Barcelona al ser atropellado por un camión cuando iba en su bicicleta a prestar un servicio.

Un aspecto que se destaca es que España es, por detrás del Reino Unido, el país de Europa con el porcentaje más alto de población que ha recibido algún ingreso de este tipo de plataformas y que hace uso de las mismas.

Expansión del sector

El factor que se pone de relieve es el intenso crecimiento que este sector ha registrado durante los últimos años, con unos nuevos modelos de negocio que generan muchas dudas sobre la legislación que recae sobre ellos y sobre el grado de protección que corresponde a sus trabajadores.

Hay otro elemento sobre el que se hace hincapié, y es en el número limitado de empresas que se han implantado para prestar este tipo de servicios y el enorme peso que algunas de ellas han adquirido, lo que lleva a algunos a plantear el riesgo de que se genere un oligopolio, es decir, que un cifra muy reducida de firmas pueda ejercer un control sobre este tipo de mercado.

Estas situaciones explican que diferentes organizaciones, como los sindicatos, hayan dado la voz de alarma respecto al riesgo de que se abra un proceso con fórmulas que suponen una "huida del Derecho del Trabajo", y el que su vigilancia por parte del Ministerio se haya intensificado.