Muchos de las tres decenas de policías locales procesados anteayer en una pieza separada del caso Cursach por hasta quince delitos implantaron en la noche de Palma "una tasa" de extorsión a los empresarios para conseguir dinero, contratos de suministros, alcohol, drogas y sexo gratis, según constata el juez Enrique Morell. Morell destaca en su resolución que la supuesta trama de corrupción protagonizó, al menos, 50 casos de amenazas y coacciones a empresarios de locales de diversión para que se plegaran a sus deseos.
El magistrado describe en su resolución la existencia, durante años, de una supuesta organización criminal integrada por agentes, mandos, funcionarios de Cort, empresarios y un abogado.
El juez vierte duras críticas a los policías sospechosos de corrupción y les atribuye "un uso torticero del poder, actuando de forma coordinada como una organización criminal instalada de forma permanente en el delito, en sus múltiples y variadas manifestaciones".
O pagas o te arruinas
El auto describe cómo decenas de locales del ocio de la Playa de Palma, Paseo Marítimo, La Lonja y Gomila fueron víctimas de la supuesta organización criminal. La situación era o pagas los sobornos o te arruinas, mediante la presión policial y de Cort para dejarte sin clientela con continuas e injustificadas inspecciones y redadas o cierres administrativos de los locales. La unidad clave de la supuesta extorsión era la Patrulla Verde, que durante una época estuvo dirigida por el procesado Gabriel Torres.
"Todo apunta a que la finalidad de los agentes de Policía investigados, lejos de velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales, sería la de obtención de beneficios económicos en forma de cobros de dinero en efectivo y/0 la contratación (a ellos) de servicios o prestaciones (instalación de aparatos de aire acondicionado, seguros y cámaras de vigilancia)", explica el instructor.
La actividad inspectora "no se hace extensiva a otros locales, bien porque pagan la tasa, porque ofrecen prebendas a los agentes (sexo, alcohol, fiestas gratuitas, etc.) o porque pertenecen a determinados empresarios, a quienes se preavisa, no se inspecciona, o en el caso de que se haga, la inspección se practica con una amplia flexibilidad que contrasta con la exigencia y rigor aplicado a otros establecimientos", prosigue el auto.
"La forma habitual de perjudicar a determinados empresarios era sumamente sencilla, a la vez que devastadora pues, como han declarado infinidad de víctimas, consistía simplemente en llevar a cabo las inspecciones solicitando siempre la misma documentación, en el horario de máxima afluencia de clientes, sin dejar, además, una copia del acta de inspección levantada al efecto", para que el empresario quedara indefenso ante el acoso.
El magistrado basa su decisión de procesar a los 35 investigados en las palabras de numerosos empresarios supuestamente extorsionados y otros testigos, entre ellos varios policías "honrados" e incluso alguno de los encausados.
La supuesta organización criminal también tenía una conexión con algunos funcionarios de los departamentos de Urbanismo y Actividades de Cort. El juez acusa a dos funcionarios de colaborar con la supuesta trama acosando a los locales extorsionados y facilitando las cosas a los negocios amigos.
Entre los procesados se halla un abogado, "al que los empresarios conocen como El Conseguidor, que tramitaría licencias y permisos de obra "de espaldas a la legalidad". Ayer ya se presentó un primer recurso pidiendo la nulidad del auto de procesamiento.
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