El juez Enrique Morell dictó ayer un auto de procesamiento contra 35 personas, en su mayoría mandos y agentes de la Policía Local de Palma, otros funcionarios, un abogado y un antiguo regidor por integrar, durante años, una presunta trama de corrupción destinada a favorecer a empresarios de la noche de la ciudad, entre ellos Bartolomé Cursach, al que no nombra en la resolución, y perjudicar a la competencia. El auto supone un espaldarazo a la instrucción del caso Cursach que llevaron a cabo durante varios años el magistrado Manuel Penalva y el entonces fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán.
Morell imputa a los 35 procesados hasta 15 delitos diferentes: prevaricación, extorsión, coacciones, amenazas, falsedad documental, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, omisión del deber de socorro, delito contra la salud pública, obstrucción a la Justicia, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios e infidelidad en la custodia de documentos.
Entre los procesados destacan el comisario Juan Miguel Mut, el exregidor de Seguridad Ciudadana Guillem Navarro, los agentes José Daniel Montesinos, Jaume Garau, Gabriel Torres, Gumersindo Calero, Carlos Vallecillo y Rafael Puigrós y los funcionarios de Cort Pedro Torres y Francisco Javier Llinás. También ha sido encausado un abogado conocido con el apodo de "El Conseguidor".
Morell enumera en los 34 folios de su auto los numerosos hechos delictivos que habría cometido la presunta trama de corrupción, entre la que tuvo una especial actividad la Patrulla Verde de Cort, la unidad encargada de velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales en discotecas, bares y otros locales públicos. También se mencionan a los GAPP y a las UII.
Dos niveles de la trama
Según el magistrado, la supuesta trama funcionaba en dos niveles: uno constituido por agentes y mandos de la Policía Local y otro integrado por funcionarios de Urbanismo de Cort. Los empresarios corruptos, que no han sido investigados en esta pieza separada, habrían marcado los objetivos a conseguir, tanto para favorecer sus negocios como para hundir a los de la competencia.
El auto también ve indicios delictivos en las filtraciones de exámenes para favorecer a determinados agentes en las pruebas de ascenso internas de la Policía Local a oficial. Estas corruptelas "pretendían perpetuar la trama delictiva" promocionando oficiales amigos. El juez apunta aquí la intervención de políticos interesados en que la organización delictiva policial creciera, pero no menciona a ninguno de los que fueron investigados, entre ellos los exregidores José María Rodríguez y Álvaro Gijón.
"De lo actuado en la causa se desprenden muy serios indicios de que existen numerosos e inconfesables intereses negociales (€) así como el goce de prebendas (sexo, consumiciones, drogas, ) por parte de numerosos policías locales y de algunas personas con puestos de responsabilidad en el Ayuntamiento de Palma, precisamente en zonas o materias en las que intervenían por razón de su cargo, constituyendo una clara y contrastada asociación para delinquir y organización criminal", resume el magistrado.
Morell enumera los presuntos hechos delictivos atribuidos a cada procesado. Así al comisario Mut se le acusa de recibir sobres con sobornos de empresarios y de sancionar irregularmente a un policía que no estaba en la trama. Del exconcejal Guillem Navarro se dice que se compinchó con Mut para sancionar a ese agente.
El auto narra las supuestas extorsiones que sufrieron los locales de la competencia, las mordidas que recibieron los policías corruptos y los chanchullos que éstos tenían en forma de servicios de seguridad o de otra naturaleza, pagados por los empresarios corruptos o los que se sometían al chantaje.
El auto recoge otros episodios de presunta corrupción como la connivencia con carteristas rumanos que actuaban bajo el amparo de algunos agentes en el centro y la Playa de Palma. También se refleja la campaña de acoso e insultos homofóbicos que sufrió la entonces agente Sonia Vivas, hoy concejal en Cort por Podemos.
Sobre los funcionarios de Cort, el instructor sospecha que colaboraron desde sus puestos en los fines de la trama corrupta al ordenar el cierre de algunos locales de la competencia, "lo que les causó la ruina".
El auto menciona la "impunidad, falta de control y protección política" con la que se movía la presunta trama corrupta y explica que, con el tiempo, aumentó el número de víctimas al extenderse las coacciones, acoso e inspecciones manipuladas a otros locales de la noche.
Morell da 20 días a la fiscalía anticorrupción y a las acusaciones para que formulen sus escritos de acusación. El auto puede recurrirse ante la Audiencia.
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