El Govern se desvela inapto en grado ascendente para la preparación de un proceso selectivo que garantice el rigor, la profesionalidad y la igualdad de oportunidades en el acceso al funcionariado. A medida de se van desgranando datos vinculados a la filtración de contenidos del banco de pruebas para el acceso al cuerpo de gestión de la Comunidad, queda acentuada la impresión de falta control y carencia de reflejos para reaccionar a tiempo. Se va actuando a fuerza de presiones y evidencias de hechos sin soporte de justificación.
Que el PP no convocará oposiciones durante su última legislatura en el Govern no es argumento suficiente para desviar la atención de lo ocurrido ahora, como intentó hacer la consellera Castro en el Parlament. Es más bien constatación de la deriva creada. Tampoco sirve de justificación el hecho de que Jaime Tovar ya manifestara en julio su deseo de abandonar la dirección de la Escuela Balear de la Administración Pública. Si no contaba con la confianza de la consellera, como parece quedar patente de los comportamientos, más motivo para permanecer al tanto de cuanto ocurría con unas oposiciones privadas del control de la UIB y a la buena suerte de unas taquillas con demasiadas llaves de poseedor anónimo.
Un inspector externo investigará el incidente y, si es el caso, dirimirá responsabilidades mientras Tovar empieza a preparar las maletas. Todo muy diplomático y formal. Solo se llegará al juzgado si la fuerza de los hechos obliga a ello.
Es importante esclarecer lo ocurrido. Por muchos motivos. Uno de ellos, fundamental, es de acabar con la sensación de enchufismos y manipulación. Unas oposiciones solo se superan con esfuerzo y sacrificio. Las pruebas deben estar a la altura de estos valores y de la igualdad.
