Un joven de 25 años fue juzgado ayer en Palma por maltratar física y psicológicamente a su pareja, humillarla, controlarla y obligarla a abortar en mayo de 2017 en la ciudad. El acusado negó todos los cargos de forma tajante. Solo respondió a las preguntas de su abogado defensor. El muchacho, de origen indio, destacó que no ejerció ningún control sobre su compañera sentimental y rechazó haberla agredido. "Nunca le he pegado ni la he controlado. No la obligué a abortar. Tomó la decisión por ella misma. Durante la relación discutíamos mucho. Yo quería dejar la relación y se lo dejé muy claro", indicó el sospechoso.
Mientras, la víctima confirmó que fue agredida en varias ocasiones y que él la aisló de sus amigos y su familia, al tiempo que la controlaba de forma constante. "Le tenía que mandar fotos de cómo iba vestida para que él lo aprobara. Me decía que no podía ir con leggins al gimnasio. Tuve que tirar biquinis porque siempre había broncas. Tenía que llevar una manga con el biquini. Una vez me puso de puta para arriba por una falda vaquera. No podía salir por la noche con un vestido corto, tenía que pedirle permiso para todo", aseguró la perjudicada.
La joven también señaló que recibía insultos y humillaciones, así como mensajes amenazantes. "Me decía puta, hija de puta, blanca española de mierda", insistió la afectada, quien enumeró varios episodios de maltrato como cuando el acusado le golpeó con una olla en la cabeza o cuando le amenazó con un cuchillo o la tiró del sofá al suelo y le pisó la cadera, lo que le ocasionó una cojera durante un mes. "Nunca fui al médico por miedo", reconoció.
"Me vi forzada a abortar, por miedo. Al final decidí abortar. Cuando le dije que me había quedado embarazada se volvió loco. Me hizo elegir. La manipulación era constante. Un día me dijo 'por culpa de tu útero y vagina casi me jodes la vida'", recordó la víctima.
La fiscal pidió para el joven encausado una condena de tres años de prisión por un delito de maltrato habitual y otro de lesiones, además de la prohibición de acercarse y comunicarse con la perjudicada durante diez años. La acusación particular reclamó cuatro años de cárcel y 5.000 euros de indemnización por daño moral. La defensa solicitó la libre absolución de su cliente al argumentar que solo existía un parte médico de lesiones. La fiscal subrayó que la víctima tenía una gran dependencia emocional y que por ello llegó a abortar en contra de su voluntad.
Las peritos apreciaron daño psicológico y una afectación postraumática y depresiva en la perjudicada tras la relación que mantuvo con el joven desde finales de 2016 a marzo de 2018.
