Enfermos pendientes de que les sea reconocida una invalidez y trabajadores despedidos son las principales víctimas del colapso que sufren los juzgados de lo social de Mallorca y de Eivissa. Las luces de alarma ya se han encendido en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ya ha propuesto "un plan extraordinario de urgencia" para desatascar esta jurisdicción.
Los atrasos en la jurisdicción social de las islas son un problema que se arrastra desde hace años. En Palma existían hasta hace poco cuatro juzgados del orden laboral que no daban abasto con las centenares de demandas que les llegaban.
El quinto no basta
La crisis complicó todavía más los atrasos al conllevar un incremento de las demandas. La ralentización de las causas también aumentó. El juzgado de lo social 5, que durante años se había venido reclamando en vano, empezó a funcionar ahora hace casi dos años, en enero del 2018, pero su creación no ha permitido remontar la penosa situación.
Según fuentes jurídicas, los cinco juzgados actuales ya están señalando juicios para 2021, con una demora de más de 14 meses. "La media de señalamientos para mis casos es de entre 10 y 12 meses, pero hay juzgados que convocan vistas para 2021", explica un veterano abogado laboralista.
De acuerdo con las fuentes informativas, los más perjudicados por este panorama son "las personas que no cobran ninguna pensión porque la Seguridad Social no les ha reconocido la invalidez que reclaman, carecen de trabajo, porque no pueden trabajar y tienen que esperar 14 meses a que su demanda se resuelva". Cabe recordar que los fallos de los juzgados son recurribles en súplica ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears y la Seguridad Social suele acudir a esa instancia.
"Otros de los grandes damnificados son los despedidos con despido improcedente, que ven pasar los meses sin que su demanda se falle. Aquí surgen algunos empresarios desaprensivos que no pagan la indemnización, aunque sepan que el despido es improcedente durante estos meses y se presentan el día de la vista oral y abonan la indemnización, que se han ahorrado durante meses en la puerta del juzgado".
Otros de los justiciables a los que los meses de demora están perjudicando son aquellos que estando enfermos recurren el alta dada por la Seguridad Social.
Inspectores del Consejo
Inspectores del CGPJ han visitado los juzgados de lo social 1 al 4 y han encontrado una situación muy preocupante, especialmente en los casos de despidos. Los inspectores han elevado un informe al Consejo proponiendo "un plan extraordinario de urgencia" para los juzgados más retrasados de Palma. Idéntica situación se ha constatado en Eivissa, donde también se requiere un plan especial urgente.
El Poder Judicial ha tomado nota del problema, pero la solución también depende del ministerio de Justicia, al que le ha dado traslado del colapso de los cuatro juzgados de Mallorca y del único existente en Eivissa.
En los últimos años se han habilitado algunos refuerzos para agilizar la jurisdicción social de Palma, pero estos esfuerzos han sido meramente paliativos.
El sindicato CSIF denunció hace unos días la saturación de los juzgados de lo social de Palma, que también repercute negativamente en el trabajo de los funcionarios.
En enero del 2018 el Colegio de Graduados Sociales de Balears ya denunció el colapso de la jurisdicción social, que entonces sufría también demoras de 14 meses. Los graduados sociales, son junto a los abogados, los que representan a las partes.
Más de 6.400 asuntos pendientes a mitad de año
Los siete juzgados de lo social de Balears (5 en Palma y 1 en Maó y en Eivissa) arrastraban, a principios del verano pasado, un lastre de 6.442 asuntos sin resolver o en trámite, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los esfuerzos de los magistrados, letrados de la administración de justicia y funcionarios para desatascar la jurisdicción chocan con la incensante entrada de nuevos asuntos. Así, en el segundo trimestre, los juzgados resolvieron 1.743 demandas, pero les entraron otras 1.839 causas.
De esta forma resulta difícil agilizar la marcha de los juzgados, como lo demuestra que en la primavera pasada tenían 6.417 demandas en trámite, tendencia que aumentó ligeramente tres meses después.
Los juzgados de lo social de Mallorca registraron el año pasado 1.400 demandas por despido y otras 1.356 de reclamaciones de cantidad, normalmente de trabajadores a sus empresas.
También entraron 883 casos de demandas contra la Seguridad Social, 97 relacionados con conflictos colectivos y otras 700 de asuntos varios. Cada juzgado tiene actualmente una carga de 920 asuntos de media.
