El próximo miércoles día 11 se cumple un año del estallido del llamado caso Móviles, los presuntos delitos cometidos por el juez Miguel Florit al fiscalizar las llamadas y confiscar los móviles de dos periodistas que cubrían el caso Cursach, la supuesta trama de corrupción en torno al empresario de la noche del mismo nombre. Un año después, Florit se enfrenta a 42 años de inhabilitación profesional y ha decidido jubilarse anticipadamente, un retiro que será efectivo a partir del 17 del actual mes.

Florit, defendido por Josep Zaforteza, está a la espera de ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), una vista oral que se ha visto retrasada debido a la recusación del tribunal llamado a juzgar este caso por parte del fiscal superior de Balears, Bartolomé Barceló. La principal acusación contra el juez es que con sus autos vulneró el secreto profesional de los periodistas al controlar sus comunicaciones, lo que ponía en evidencia sus fuentes si se comparaban los mensajes con las noticias publicadas.

El fiscal superior no ve delito en la conducta profesional de Florit y pide para él la libre absolución, que también reclaman la defensa del magistrado y la abogada del Estado jefa de Balears, Dolores Ripoll.

Las acusaciones particulares en nombre de Diario de Mallorca, Europa Press, Efe y la Asociación de Medios de la Información (AMI) solicitan para Florit 42 años de inhabilitación, una pena que le habría impedido seguir ejerciendo como juez.

El delito más grave

El veterano juez será juzgado por varios autos que dictó en su condición de instructor del caso Cursach y en una pieza separada donde se investigaba qué funcionarios públicos podían haber facilitado a la prensa información reservada o secreta de dicha trama de corrupción.

El 11 de diciembre del 2018 dictó el auto más polémico de la serie. Con base en él, los inspectores de la Policía Judicial Juan Márquez y Juan Palomo (conocidos coloquialmente como Los Juanes), se incautaron de los móviles de Kiko Mestre, redactor de Diario de Mallorca, y de Blanca Pou, periodista de tribunales de Europa Press, que también fue despojada de dos ordenadores, una memoria informática y documentación en papel.

El primer delito que se le atribuye es el de prevaricación judicial, la falta más grave que puede cometer un juez. Por él se solicitan 20 años de inhabilitación. Después se le acusa de dos delitos consumados contra la inviolabilidad de domicilio por haber ordenado los registros de las redacciones de Diario de Mallorca y Europa Press. También será juzgado por impedir el libre ejercicio del secreto profesional de los periodistas y por interceptación ilegal de comunicaciones.

La fase del volcado

Según el auto de 11 de diciembre, la segunda fase de la operación contra los periodistas, que en ningún momento tuvieron la condición de investigados, habría consistido en el volcado y posterior estudio del contenido de los móviles de los dos redactores para buscar "cualquier documento policial o judicial relacionado con la investigación del caso Cursach" y el "estudio de Whatsapp, correo electrónico y otras redes sociales a fin de detectar posibles envíos de datos, filtrados por parte de los investigados (funcionarios públicos)", "así como la intervención de cualquier documento o archivo relacionado con la investigación del caso Cursach y sus derivados".

Los Juanes se personaron, por la tarde de ese día, en la sede del Diario de Mallorca, donde, sin auto judicial, pretendían registrar la redacción y llevarse el ordenador de Mestre. No se les facilitó el acceso por parte de la dirección del periódico y su frustrada irrupción suscitó una oleada de indignación entre la clase periodística, políticos, estamentos jurídicos y diversas entidades cívicas, que denunciaron el claro ataque al derecho a la información, en su vertiente de la preservación del secreto profesional de las fuentes.

Según Florit y Los Juanes, los móviles y ordenadores de los dos periodistas nunca fueron analizados, algo que no se puede demostrar pericialmente sin poner en riesgo el contenido de los dispositivos.

Los abogados Nicolás González-Cuellar y Javier Crespo, representantes de Diario de Mallorca y Europa Press, presentaron el 13 de diciembre de 2018, una querella contra Florit, al que ya imputaron "una arbitraria conculcación del derecho al secreto profesional del periodista, disparatada e insólita y que resulta increíble que haya podido ser dictada por un integrante de un Poder Judicial que, como el español, ha de actuar en todo momento comprometido con el cumplimiento de la Constitución y de la Ley".

Conforme se fueron descubriendo nuevos autos del magistrado ahora en puertas del retiro, la querella se amplió, incluyendo como investigado a Juan Carrau, el delegado de la fiscalía anticorrupción en Balears que apoyó las decisiones de Florit, al estimar que las medidas sobre los periodistas "no eran invasivas". Dicha ampliación fue admitida por la jueza instructora del caso Móviles, Felisa Vidal, el 8 de febrero del 2019.

El fiscal superior recurrió esa ampliación y el TSJB exculpó a Carrau en un auto dictado el 1 de abril. La sala de lo Civil y lo Penal postuló que los informes que emitió Carrau previos a los autos cuestionados no significaban que el fiscal indujo al juez a dictarlos, dado que este gozaba de la independencia judicial. Carrau pasó así a ser testigo y como tal declarará en la vista oral.

El primer aniversario del caso coincide con la recusación que Bartolomé Barceló ha hecho de los magistrados Antoni Terrasa, Carlos Gómez y Pedro Barceló para que juzguen a Florit. Según el fiscal, este tribunal se ha contaminado al dictar algunas resoluciones sobre la causa y debe ser sustituido por otros jueces.

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