Un ciudadano griego, que fue condenado a cadena perpetua por un tribunal de su país por delitos relacionados con la corrupción económica, ha pedido cumplir la pena en la cárcel de PalmaPalm. El acusado, llamado Ioannis C, lleva residiendo en Mallorca desde hace casi diez años y por esta razón ha solicitado cumplir la pena en la cárcel de la isla. Eso sí, no cumplirá cadena perpetua, que no está contemplada por las leyes españolas.
Los jueces han adaptado los hechos que cometió en su país al código penal español y han establecido la condena en ocho años de prisión. Este ajuste lo realizó un tribunal de la Audiencia Nacional, que incluso fijó fecha de entrada en prisión del acusado, si bien esta decisión ha sido recurrida y su caso volverá a ser estudiado. Este ciudadano griego fue juzgado, sin su presencia, en el año 2014 en una vista que celebró un tribunal de la ciudad griega de Tracia. Se condenó al acusado por los delitos de desfalco y fraude al Estado Griego, que los castiga con la máxima pena, que es cumplir cadena perpetua. A pesar de que el condenado apeló la sentencia, el tribunal ratificó la máxima pena.
Debido a que existía una orden de extradición en España para detener a este ciudadano griego y enviarlo a Grecia, finalmente esta decisión no se acordó. El acusado hizo uso de los derechos que le asisten por el tiempo que lleva residiendo en España. Y por esta razón solicitó cumplir la pena en una prisión española. El tribunal de la Audiencia Nacional aceptó la propuesta, aplicando la norma que contempla la posibilidad de adaptar al ordenamiento jurídico español las condenas dictadas por tribunales de otros países, en este caso de Grecia.
Recurso ante el Supremo
Para evitar su ingreso en prisión, Ioannis C. ha tenido que recurrir ante el Supremo, porque inicialmente se le denegó la posibilidad de recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional, que fijaba la pena que debía cumplir en un periodo de ocho años de prisión. El Tribunal Supremo le da la razón, por cuanto entiende que tiene el derecho de recurrir la decisión de la Audiencia Nacional. Sin entrar a valorar los hechos por los que fue condenado, el auto judicial cree que la actuación del acusado fue de "incuestionable gravedad", al tratarse de un fraude continuado a "los intereses financieros de las Comunidades Europeas".
