"En Balears ha habido un gran cohecho", resumió ayer por la mañana en el Colegio de Abogados de Palma el presidente de la Audiencia, Diego Gómez-Reino, los casos de corrupción que han sido juzgados estos últimos años por dicha instancia. Gómez-Reino fue uno de los ponentes de las Jornadas sobre la Función de las Oficinas y Agencias Anticorrupción en España.
El magistrado, a la luz de su experiencia y la de los otros magistrados de la Audiencia, quiso dejar muy claro que en los casos de corrupción "lo importante es recuperar el dinero (público desviado), que es lo que pide la ciudadanía". Gómez-Reino puso como ejemplo el caso Ópera, una de las piezas separadas del sumario Palma Arena, y donde se condenó al expresident del Govern a indemnizar al Govern con 1,2 millones de euros desviados de su destino inicial para hacer colegios, a un electoralista proyecto de Ópera encargado al arquitecto Santiago Calatrava.
"La Ópera en realidad ocultaba un gran pelotazo, porque lo que se quería era remozar toda la zona del Paseo Marítimo con la excusa de esa infraestructura", valoró el magistrado.
El juez explicó lo difícil que resulta a los tribunales penales el declarar nulo, o dejar en suspenso (esto durante la instrucción), un contrato público fruto de la corrupción. En el caso Ópera Calatrava no fue acusado y el contrato no se podía anular.
El tribunal optó por aplicar a Matas la responsabilidad civil de los fondos desviados y, según el ponente, "el Tribunal Supremo nos confirmó la sentencia".
El presidente de la Audiencia explicó que en Balears muchos de los casos de corrupción se han derivado de expedientes de contratación pública, "que en apariencia estaban bien tramitados, eran correctos, pero que en realidad habían sido hechos a posta para revestir una decisión irregular de los políticos".
Sin embargo, el juez definió el clima de esos años como "un gran cohecho en Balears" y destacó que en materia de delitos de corrupción las islas son una de las principales fuentes de jurisprudencia.
Gómez-Reino criticó el abuso por algunos políticos de los asesoramientos externos, "que en ocasiones se encargan a empresas próximas al partido de turno" y también el mal uso de la llamada "administración instrumental (el conjunto amplio del sector público)".
Otra fuente de posible corrupción que cabría evitar, según el ponente, es "el patrocinio público de equipos deportivos, que son sociedades mercantiles". El juez puso como ejemplo de lo que no debería hacerse los 22 millones que Jaume Matas pagó al equipo ciclista Illes Balears. "Para ayudar a algunos deportes está la fórmula de las subvenciones públicas", apostilló.
Policía y peritos propios
El magistrado también se quejó de que los jueces no dispongan de un cuerpo de economistas o expertos tributarios que les asesoren en delitos de corrupción, contra la Hacienda Pública o económicos. "Contamos con los funcionarios de la Agencia Tributaria, pero no dejan de depender de un ministerio y su apariencia de imparcialidad se puede resentir".
Otro déficit es que "la Policía Judicial depende de jueces y fiscales, pero orgánicamente depende de sus jefes y la discreción sobre los casos de corrupción que se investigan en secreto depende, en último extremo, de cada persona particular".
El juez también abogó porque las oficinas anticorrupción, en vez de depender solo de las denuncias que reciban, puedan hacer investigaciones aleatorias sobre contratos públicos.
