28 de noviembre de 2019
28.11.2019
Diario de Mallorca

Més estalla contra el PSOE por diseñar una Ley de Educación que no blinda el catalán

Deja claro que no apoyará el anteproyecto si no incluye el catalán "como lengua vehicular" y afirma que Armengol sabe que se trata de una "línea roja" - El conseller insiste en su rechazo a incluir un porcentaje de la lengua propia ya que "estas leyes deben ser flexibles"

28.11.2019 | 00:38

La primera Ley de Educación balear, cuyo anteproyecto fue presentado ayer por el conseller Martí March, ha abierto una nueva brecha en las relaciones entre PSIB y Més, socios de Govern junto a Podemos. Los ecosoberanistas dejaron ayer claro su rechazo al texto elaborado por la Conselleria y advirtieron de que no la apoyarán si no se incluye el catalán como "lengua vehicular del sistema de enseñanza", como ya adelantó DIARIO de MALLORCA en su edición de ayer. Su amenaza llegó acompañada de duras críticas por parte de los todavía coportavoces del partido. Así, Guillem Balboa acusó a March de pretender consensuar esta Ley con el PP antes que con sus socios de Govern.

"No se puede estar con los promotores del TIL sin traicionar el espíritu de las camisetas verdes y en Més tenemos clarísimo donde estábamos, dónde estamos y dónde estaremos", afirmó Balboa. Bel Busquets, coportavoz junto a Balboa, sostuvo que "el conseller March y la presidenta Armengol saben perfectamente que este tema es una linea roja para Més". En este sentido criticó que en el anteproyecto no se haya incluido ni siquiera una mención "a la necesidad de asegurar al menos el 50 por ciento de las asignaturas que se han de impartir en catalán, una de las herramientas más efectivas para garantizar la normalización de la lengua propia y la cohesión social".

Como informó ayer este periódico, la propuesta que presentó la Conselleria a Més incluía que "el uso de las lenguas oficiales como lenguas vehiculares de la enseñanza en el sistema educativo de las Illes Balears, garantizando que mayoritariamente se use la lengua catalana, propia de las Illes Balears, en el marco de la normalización lingüística". Para Més, en lugar de ese "mayoritariamente" la Ley debería blindar el 50 por ciento de la educación en catalán, con el otro 50 por ciento repartido entre el castellano y una tercera lengua, tal y como establece el Decreto de Mínimos. El texto presentado ayer elimina finalmente ese "mayoritariamente", y matiza al final que se garantice el uso del catalán "en el marco normativo actual de la normalización lingüística". Este cambio no ha modificado el rechazo de Més.

El conseller rehusó ayer pronunciarse sobre la postura de los ecosoberanistas y defendió que el anteproyecto no contempla porcentajes de catalán ni de ninguna lengua ya que "ninguna ley educativa lo hace puesto que las leyes de educación deben ser flexibles". Sin embargo, sostuvo que la Ley no deroga ningún decreto, en referencia al de mínimos e insistió en que de entrada no hay cambios en cuanto a la garantía del 50 por ciento en catalán.

Sin embargo, la disposición adicional novena contempla que en cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley se acoplarán tanto este decreto como el de lenguas extranjeras a la nueva legislación. Esta disposición también es rechazada por Més, que ve en ella una puerta abierta a rebajar el Decreto de Mínimos, aunque March sostuvo que se trata de regular la fusión de los dos decretos.

El conseller insistió en que el anteproyecto "es un punto de partida, no de llegada", dando por hecho que se someterá a muchos cambios. Su intención es que el texto final tenga el "máximo consenso educativo, social y político", que consideró fundamental para "la estabilidad del sistema educativo". Así, precisó que la prioridad es alcanzar un acuerdo con la "comunidad educativa" en primer lugar, aunque a la vez se comenzará a hablar con los grupos parlamentarios. "Sabemos que lograr un respaldo unánime (de los partidos) será imposible, pero sí alcanzar el máximo de acuerdos ya que se trata de que la Ley que se apruebe no sea de ningún grupo ni partido,ni siquiera de la Conselleria, sino de que todos se sientan representados", precisó.

Afirmó que la presentación del anteproyecto supone el inicio de un proceso de "largo recorrido". Así, primero se debatirá en las mesas sectoriales con los sindicatos y en los foros institucionalizados de padres, directores, instituciones de docentes y consejos escolares. En una "segunda fase" se recogerán aportaciones de los consells insulars y ayuntamientos y, por último se intentará el máximo consenso con los grupos parlamentarios. El calendario que maneja March es que el texto resultante de todas estas negociaciones se someta a informe preceptivo del Consell Escolar balear, lo que previsiblemente se producirá el próximo verano. Después se aprobaría en el Consell de Govern para que en octubre inicie su tramitación parlamentaria, con el fin de que quede definitivamente aprobado en mayo o juno de 2021. Es decir, si se cumplen estas previsiones, la futura Ley de Educación no será una realidad hasta dentro de dos años.

El anteproyecto prevé incrementar "progresivamente los recursos destinados al sistema educativo" y, una vez aprobada la Ley, situar en ocho años el gasto en torno al 5 por ciento del PIB. Esto, según precisó el conseller, se traduciría en unos 400 ó 500 millones de euros más. En la actualidad, los 1.050 millones de presupuesto con el que cuenta la Conselleria supone un 3,4 por ciento del PIB. March consideró que se trata de un objetivo realista, ya que en la práctica no se llegaría a esta cantidad hasta dentro de unos diez años, ya que la Ley no se aprobará hasta dentro de dos años. A ello añadió la confianza en un nuevo sistema de financiación autonómica que mejore la de Balears.

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