El anteproyecto de la primera Ley de Educación de Balears, presentado esta mañana por el conseller Martí March y su equipo, prevé incrementar "progresivamente los recursos destinados al sistema educativo" y, una vez aprobada la Ley, situar en ocho años el gasto en torno al 5 por ciento del PIB. Esto, según ha precisado March, se traduciría en unos 400 millones de euros más. En la actualidad, los 1.050 millones de presupuesto con el que cuenta la Conselleria supone un 3,4 por ciento del PIB.

March ha considerado que se trata de un objetivo realista, ya que por un lado en la práctica no se llegaría a esta cantidad hasta dentro de unos diez años, puesto que según su calendario la Ley podría aprobarse definitivamente exto Marchen el Parlament entre mayo y junio de 2021, es decir dentro de dos años. A ello añadió la previsión de un nuevo sistema de financiación autonómica que mejore considerablemente la de Balears.

"Esta anteproyecto es un punto de partida, no de llegada", ha afirmado March dando por hecho que se someterá a muchos cambios. La intención del conseller es que el texto final tenga el "máximo consenso educativo, social y político", que ha considerado fundamental para "la estabilidad del sistema educativo".

La prioridad es alcanzar un acuerdo con la "comunidad educativa" en primer lugar, aunque a la vez se comenzará a hablar con los grupos parlamentarios. "Sabemos que lograr un respaldo unánime (de los partidos con representación en el Parlament) será imposible, pero sí alcanzar el máximo de acuerdos ya que se trata de que la Ley que se apruebe no sea de ningún grupo ni partido,ni siquiera de la Conselleria, sino de ç que todos se sientan representados", ha precisado.

El anteproyecto se estructura en 156 artículos, un título preliminar, nueve títulos específicos, quince disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. Se trata así de una extensa Ley que, según ha reconocido March, no incluye novedades especiales respecto a las distintas medidas y normativas educativas que se han desarrollado, ya que se trata de unificarlas en un mismo texto. "Lo que hacemos es darle un embalaje", ha precisado el conseller.

En cuanto al modelo lingüístico, el texto no contempla porcentajes de catalán ya que "ninguna ley lo hace puesto que las leyes de educación deben ser flexibles", pero ha afirmado que no deroga ningún decreto, en referencia al decreto de mínimos que establece que al menos el 50 por ciento de las asignaturas deben cursarse en catalán. El conseller ha rechazado pronunciarse sobre el rechazo que ha provocado en Més, socios del PSIB en el Govern junto a Podemos, que no quede claro este mínimo.