Un juzgado de Palma ha condenado a un criador de perros de la isla a una pena de multa de 1.800 euros por un delito de intrusismo por implantar microchips de origen desconocido a al menos cinco canes durante los años 2017 y 2018 sin tener el título de veterinario.
La magistrada considera al acusado, de 41 años, autor de un delito de instrusismo y, por ello, le ha impuesto una multa de doce meses con una cuota diaria de cinco euros. Los hechos fueron denunciados por el Colegio de Veterinarios de las Illes Balears (COVIB) y luego la Guardia Civil investigó el caso.
Según se declara probado en la sentencia, el criador implantó los microchips a cinco perros en una fecha no determinada entre 2017 y 2018, pese a carecer de la titulación de facultativo veterinario.
Durante la intervención de la Guardia Civil, los agentes hallaron tres microchips más que iban a ser implantados a otros animales. Ninguno aparecía en los registros ni autonómico, ni estatal, ni europeo de la red de identificación de animales de compañía.
