"Pleitos tengas... ¡y los ganes!", reza la maldición que denota la escasa confianza de los ciudadanos en la Justicia. Existe la extendida creencia de que los procedimientos legales son largos, que acaban favoreciendo a los poderosos y que, en caso de victoria, no existen garantías plenas de ejecución de la sentencia.
Tan mala fama, poco importa si está basada en hechos reales o es pura ficción, no disuade a los mallorquines de dirimir sus cuitas ante los jueces. Si la parte contraria es el Govern, supone un estímulo añadido para armarse de textos legales con los que disparar.
Contra el Ejecutivo autonómico pleitean los urbanizadores frustrados por la desclasificación de terrenos. Incluso si no existía intención inmediata de activar las excavadoras. Casi 30 años después, los legos en la materia seguimos con la duda eterna de si solo se paga por el gasto real devengado o si también nos rascamos el bolsillo para compensar el negocio frustrado.
Los sindicatos -no hay diferencia entre rojos, amarillos o azules- también se ponen a la cola del registro del juzgado. Apenas se muestran activos en las empresas privadas, pero siempre encuentran razones cuando se trata de reclamar dinero para los funcionarios. No importa si es una carrera profesional que camufla incrementos salariales, las guardias no efectuadas o un incumplimiento del sursuncorda... exigir una tajada más grande del dinero de todos es el deporte sindical de moda. Ya se sabe, es barato disparar con pólvora del rey.
Los servicios jurídicos del Govern afrontan demandas con un monto global que supera los 400 millones de euros. ¿Mucho o poco? La respuesta no es sencilla. Indudablemente no se pagará todo. Sin embargo, aunque las condenas se queden en la mitad de la mitad de la mitad supondrán menos inversiones, servicios sociales o sanidad.
