El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) Antonio Capó admitió ayer a trámite el incidente de recusación que el fiscal superior de las islas, Bartolomé Barceló, promovió contra los jueces que debían juzgar el caso Móviles, los presuntos delitos cometidos por el juez Miguel Florit al controlar las llamadas y confiscar los teléfonos de dos periodistas que cubrían el caso Cursach.

En virtud de esta decisión, el magistrado acordó remitir las actuaciones al tribunal competente, una sala especial formada por jueces del TSJB distintos a los recusados. El artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que deberá decidir sobre la recusación una sala constituida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, los presidentes de Sala y el magistrado más moderno de cada una de ellas.

Se da la circunstancia de que, en Balears, el presidente del TSJB es Antoni Terrasa, precisamente uno de los magistrados recusados. Por tanto, no puede formar parte del tribunal que decida y deberá ser sustituido según el turno establecido en la normativa.

El fiscal superior de Balears, Bartolomé Barceló, reclamó que tres jueces del TSJB -Carlos Gómez y Pedro José Barceló y Antoni Terrasa- se abstuvieran y no juzgaran la pieza contra el juez Miguel Florit. A esta petición se adhirió la defensa del magistrado investigado. Por su parte, se opuso a la recusación la representación de Diario de Mallorca y el periodista Kiko Mestre. La Abogacía del Estado también apoya la recusación de los tres magistrados.