Cinco asociaciones de alumnos de la Universitat han emitido un comunicado para expresar su apoyo a la profesora del departamento de Filosofía que ha sufrido coacciones por parte del catedrático de Ética, Miguel Beltrán. Critican duramente la inacción de los dirigentes de la institución, a los que acusan de ponerse del lado de los acusados y no de la víctima; deploran "la ineficacia" de mecanismos como el Plan de Igualdad; y expresan su rechazo a que haya alumnas "que se vean obligadas a recibir clases de Ética por parte de una persona que agrede, amenaza y asedia".
Estos son los principales puntos del texto enviado por la Comissió Feminista de la UIB; el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC-UIB); Associació de Representats de Psicologia; Estudiants pel Canvi; Joves de Mallorca per la Llengua y Fridays for Future Mallorca.
La sentencia de la Audiencia de Palma se dio a conocer hace dos semanas. El catedrático de la asignatura de Ética, Miguel Beltrán Munar, fue condenado a seis meses de cárcel por coacciones a la profesora Lucrecia Burgues, colega en el departamento de Filosofía, y no puede acercarse a menos de 200 metros ni tener ningún tipo de contacto con ella por un periodo de dos años. Esta segunda sentencia rebajó la primera condena a Beltrán, que en primera instancia fue declarado culpable, en julio del año pasado, de un delito de acoso, por el que fue condenado a cumplir un año de prisión.
"La respuesta institucional durante este largo tiempo se ha basado en el cuestionamiento de la agredida, puesto que no se han puesto del lado de la profesora en ningún momento del proceso judicial (ni siquiera cuando ha habido una sentencia firme) sino que, contrariamente, los agresores han sido elevados a cargos de responsabilidad durante estos casi siete años, disfrutando del apoyo y la impunidad que los dirigentes de la UIB se los proporcionaban", denuncia el texto, que recuerda además el papel que ha tenido en los hechos una persona ajena a la Universitat que Beltrán presentó como su "secretario personal" y que se pasaba por la facultad y accedía a ámbitos reservados para el profesorado "con impunidad". Para los estudiantes, está probado que las autoridades académicas de la UIB "no solo no protegieron los derechos de la profesora sino que, además, se posicionaron claramente de lado de los agresores, puesto que tanto Miquel Deyà, decano de la Facultad de Filosofía y Letras, como Joan Lluís Llinàs, jefe de estudios del Departamento de Filosofía, y Maria Antònia Carbonero, actual jefe de Departamento, declararon en el juicio como testigos a favor de los agresores".
"No se activaron en ningún momento las medidas del Plan de Igualdad", denuncian, "ha resultado no ser nada más que papel mojado".
La semana pasada, siete días después de conocerse la segunda sentencia condenatoria a Beltrán, la UIB acordó trasladar de forma cautelar al catedrático a Sa Riera. Los estudiantes en su comunicado no hacen referencia a este hecho.
Concluyen que existe "los agresores machistas tienen impunidad en el ámbito de la UIB" y que la Universitat "no es un espacio seguro para las mujeres".
"Se ha hecho más que evidente la criminalización y cuestionamiento de la agredida", deploran los firmantes, que critican al decano por haber equiparado a la vícitma con el condenado cuando dijo, en declaraciones a este diario, que al salir la sentencia "ambas partes tendrán que cumplir su parte".
"Todas estas situaciones y hechos demuestran que los dirigentes de la UIB son unos perfectos perpetuadores de los privilegios que el sistema patriarcal se los otorga, dispuestos a defender los intereses de los agresores y hacer perdurar su poder dentro de la Universitat", sentencian los alumnos, "y se evidencia que mecanismos como el Plan de Igualdad o el departamento de Igualdad de Género (integrado dentro de Vicerrectorado de Campus, Cooperación y Universidad Saludable) no son más que órganos vacíos de contenido y francamente ineficientes, porque no se han posicionado ni han defendido en ningún momento los derechos de la agredida". Los estudiantes indican que los derechos de la profesora "son los derechos de todas, del resto de profesoras y de alumnas, como las que ahora se ven obligadas a recibir clases de Ética por parte de una persona que agrede, amenaza y asedia", indican.
Los estudiantes "rechazan y denuncian" una sentencia que consideran "injusta" y que permite a Beltrán y a Andreu Jaume, el otro acusado que finalmente fue absuelto, "impartir clases en la UIB". Reclaman por ello su "expulsión inmediata" ya que, argumenta, "no se puede permitir ni tolerar la presencia de estas personas en un ámbito educativo donde supuestamente se condena la violencia machista y se defiende la igualdad entre personas". Exigen que la Universitat se responsabilice de los sucedido y "sea un espacio libre y seguro por las estudiantes y las trabajadoras y que se posicione en favor nuestro cuando se denuncian agresiones".
"Las estudiantes", aseguran estar hartas de que "se sigan ignorando o encubriendo casos de agresiones, ya que supuestamente la Universitat tendría que denunciar y condenar estas actitudes desde el principio y de forma contundente"
