Los juzgados de Balears especializados en reclamaciones contra bancos por cláusulas abusivas están entre los más colapsados de España, según datos hechos públicos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En Palma, donde se concentran todas las causas de este tipo de Mallorca y la mayoría de las de Balears, tiene que pasar un año entre que se interpone la reclamación y se señala el oportuno juicio oral.
Hace unos días tuvo lugar en Madrid una reunión entre el ministerio de Justicia, el CGPJ y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, para afrontar el problema del aluvión de reclamaciones de particulares contra bancos (que a escala nacional está bajando de intensidad) y la respuesta al mismo.
No colapsar otros juzgados
En junio del 2017 se decidió especializar determinados juzgados en todo el país para este tipo de pleitos y en un afán de no colapsar toda la justicia civil. En Mallorca se escogió el juzgado de primera instancia 17 bis, que ha tenido que ser reforzado con otros jueces dada su elevada carga de asuntos.
Los juzgados de Balears tenían, en septiembre pasado, pendientes de resolver 5.894 demandas contra bancos por condiciones abusivas derivadas de contratos, como las llamadas cláusulas suelo, según datos facilitados por el CGPJ.
Desde que se decidió unificar en determinados órganos judiciales la respuesta a estas demandas de consumidores y hasta septiembre, 10.767 personas de las islas habían reclamado contra sus bancos, casos de los que ya se habían resuelto 4.873 y quedaban pendientes 5.894.
Nuevas prórrogas
En la reunión de Madrid se acordó prorrogar los juzgados especializados por entre un año y medio año más, según su particular situación.
No obstante, el CGPJ destacó que en casi todos los territorios, exceptuando Balears, ha mejorado la tasa de resolución, esto es el cociente entre el número de asuntos resueltos y el de ingresados en un determinado período. Este dato permite conocer la capacidad de resolución del órgano judicial en relación con las nuevas demandas que le entran.
En el segundo trimestre del año, la tasa de resolución a escala nacional ha sido del 118,4 por ciento, lo que ha supuesto una sensible mejora respecto al primer trimestre, en el que fue del 82 por ciento. Si se tienen en cuenta los datos correspondientes a los dos años trascurridos desde la puesta en marcha del plan hasta el 30 de junio de 2019, la tasa nacional es del 41,3 por ciento, lo que significa que hasta esa fecha se resolvieron casi la mitad de todas las demandas ingresadas.
Por territorios, la mejora es generalizada, aunque hay cinco comunidades, entre ellas el archipiélago balear, que sufren un importante colapso. En doce comunidades autónomas la tasa de resolución es superior al cien por cien, siendo especialmente positivos los datos de Aragón (234,6%) y Asturias (237,3%). Por encima de la media nacional del trimestre se han situado también Canarias (179,6%); La Rioja (160,3%); Castilla-La Mancha (150,4%); Galicia (142,4%); Extremadura (135,6%); Comunidad Valenciana (133,8%); Castilla y León (133,3%); Murcia (121,5%) y Cantabria (118,5%). Por debajo de la media nacional, si bien casi todas en mejor situación que en el primer trimestre, Andalucía (112,4%); Cataluña (97,9%); País Vasco (86,1%); Baleares (75,9%); Madrid (71,4%) y Navarra (61,8%).
El temor en medios judiciales es que nuevas sentencias de tribunales europeos o del Supremo abran la puerta a otros aluviones de reclamaciones contra bancos.
Pactos exprés
En los juzgados civiles de Pamplona y Barcelona se ha introducido la fórmula del llamado pacto exprés para que bancos y clientes reclamantes se pongan de acuerdo sin necesidad de que las demandas de los segundos lleguen a juicio oral.
En estos supuestos el juez da un plazo de 20 días a las partes para que lleguen a un acuerdo sobre el dinero que las entidades financieras deben pagar a los particulares y no sea necesario activar los mecanismos procesales de la demanda.
El protocolo sirve, por ahora, para solucionar los casos más fáciles y con jurisprudencia más clara del Supremo.
Según un procurador, en Balears los bancos no están por la labor y prefieren oponerse a las demandas por sistema.
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