Sacar al mercado viviendas nuevas de una habitación por unos 150.000 euros como precio de venta y alquileres que puedan situarse en el entorno de los 7 y los 8 euros por metro cuadrado al mes. Ese es el objetivo que se han marcado los promotores inmobiliarios y la Conselleria que encabeza Marc Pons en las negociaciones que ambas partes iniciaron el pasado 11 de octubre para impulsar la edificación de inmuebles "baratos", según apuntan representantes de este sector empresarial, desde el que se asegura que en estos momentos hay entre 15 y 20 promotoras "como mínimo" interesadas en sumarse a esta iniciativa, algunas ya con suelo en propiedad.
La negociación que ambas partes han puesto en marcha se enmarca en un quid pro quo, con propuestas que en una próxima reunión se pondrán ya sobre el papel para ser analizadas. Lo que se busca es que el Govern apruebe una normativa que contemple una agilización de los trámites urbanísticos para aquellas promociones que fijen un alto cupo de vivienda a precio asequible para compra y alquiler, además de plantear la cesión de terrenos en manos de la Administración, facilitando incluso su cambio de uso en el caso de no haberse ejecutado aun el fin que se les había adjudicado (como podría ser el caso de equipamientos deportivos, por poner solo un ejemplo). A ello se suma un aumento de la edificabilidad fijada inicialmente, es decir, la posibilidad de ganar alturas.
A cambio, el compromiso de las empresas promotoras es que los nuevos inmuebles que se construyan en estas promociones tengan un precio "asequible" o "barato".
Precios sobre la mesa
¿Qué entienden los promotores por "barato"? Pues que una residencia nueva de una habitación y de unos 60 metros cuadrados pueda adquirirse por unos 150.000 euros. En el caso de las que se sean para alquiler, se plantea una renta de 7 euros mensuales por metro cuadrado, aunque sin incluir los gastos de comunidad, lo que podría acercar el coste real a los 8 euros. Eso supone unos 400 euros mensuales por un piso de una habitación (50 metros) o algo más de 600 por dos habitaciones (80 metros).
La fórmula que Govern y promotores están negociando pretende dar un impulso a la intervención de la iniciativa privada en la edificación de vivienda protegida, dado que las posibilidades de desarrollarla solo desde el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) son limitadas pese al aumento de su presupuesto previsto para 2020.
Actualmente hay que dedicar el 15% de la edificabilidad de un suelo a la vivienda de protección oficial, pero lo que se pretende es que ese porcentaje sea mucho más alto, ya sea con el citado régimen de VPO o con el de la vivienda a precio tasado.
El precio tasado gusta más a los promotores porque, a diferencia de la de protección oficial que viene regulada por el Estado, conlleva unas reglas de juego que se pueden fijar desde Balears. En este aspecto, se reconoce que la VPO resulta poco atractiva para el usuario al haber desaparecido muchas de las ayudas que abarataban su precio final.
Hay un aspecto que desde las empresas promotoras no se cansan de subrayar. Esas ventajas, como la agilización de licencias o aumentos de la edificabilidad, no conllevará el consumo de un solo metro más de territorio, dado que únicamente se aplicarían sobre suelo urbano o sobre el urbanizable que ya ha comenzado a desarrollarse.
Este último punto es básico dentro del acuerdo que se está negociando porque el PSOE no quiere despertar susceptibilidades entre sus socios de Govern (Podemos y Més) con planteamientos que puedan conllevar un impacto medioambiental.
