El Govern de Francina Armengol confía en que la formación del Gobierno estatal entre PSOE y Podemos se traduzca, entre otras cuestiones, en la llegada de fondos pendientes que den un respiro a las arcas autonómicas. El Ejecutivo del Pacto ha tenido que meter las tijeras en sus presupuestos para el próximo año por primera vez desde que llegó al poder autonómico en 2015. Mientras, las inversiones a la espera de cerrar acuerdos con Madrid ascienden a unos 350 millones de euros para 2020.
Una de las primeras cuestiones a las que deberá poner el hilo a la aguja el próximo Gobierno de Pedro Sánchez será la elaboración de los presupuestos, después de que las arcas estatales hayan estado todo el año funcionando con los de 2018 del Gobierno popular de Mariano Rajoy. En el Ejecutivo balear tienen claro que en cuanto se constituya el nuevo Gobierno plantearán "las mismas reivindicaciones", según sostuvo la socialista Pilar Costa, portavoz del Govern, confiando en que la coincidencia del color político entre ambos Ejecutivos facilite su cumplimiento.
Una de estas reivindicaciones son los fondos del antiguo convenio de carreteras que el Gobierno debe a Balears. El Ejecutivo de Armengol ha incluido 120 millones en su proyecto de presupuestos para el próximo año, pero sigue sin contar con dotación en los del Estado. Este asunto formaba parte del "protocolo de intenciones" acordado entre Armengol y el exministro de Hacienda del Gobierno de Rajoy, Cristóbal Montoro, en diciembre de 2015, que nunca llegó a concretarse en acuerdos firmados.
Otra de las inversiones que no han llegado fueron las acordadas con el ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de Pedro Sánchez en enero de este año para proyectos de mejora de las depuradoras y del ciclo del agua. De los 360 millones pactados de inversión conjunta para los próximos años, el Gobierno central debía enviar 40 a partir de este año y el Govern aportar los otros 40, pero Balears no ha recibido los fondos estatales y la conselleria de Medio Ambiente ni siquiera logró que el ministerio firmara el convenio.
Más complicado parece que el próximo Ejecutivo de coalición entre PSOE y Podemos atienda la petición de 120 millones para dos nuevas depuradoras en Palma y Can Picafort, incluidas en otro protocolo de intenciones, en este caso firmado en 2009 entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el Govern del Pacto presidido por el también socialista Francesc Antich. En abril la sociedad estatal de gestión del agua, dependiente del ministerio de Transición Ecológica, comunicó al Govern su negativa a costear estas dos depuradoras.
A estos fondos se suman los 77 millones que Madrid tenía pendientes de pago de la liquidación del IVA por un cambio en el sistema de autoliquidación para las empresas. La prórroga de los presupuestos estatales también mantiene este asunto en el aire.
A estas cantidades habrá que sumar las del REB, que deberá dotarse en los presupuestos estatales. Junto a ello, queda para el próximo año la aprobación de la parte fiscal del REB, como Pedro Sánchez prometió en el mitin que ofreció en Palma el pasado 30 de octubre.
