El Govern nunca había dispuesto de un presupuesto tan alto para dedicar al problema residencial que padece Balears como el fijado para 2020, según destacó ayer en el Parlament el conseller Marc Pons. De los 430 millones de euros asignados al departamento de Movilidad y Vivienda, 103 millones corresponderán a la citada materia, ya sea para la promoción de nuevos inmuebles de protección oficial o para ayudas al alquiler o para familias en riesgo de desahucio, entre otros aspectos. Aunque para ello se ha tenido que echar mano de la recaudación de la ecotasa.
El más beneficiado es el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), ya que sus 79 millones de euros conllevan el mayor incremento en la Conselleria respecto al presupuesto de 2019, de un 32,5%. De esta cantidad 48,1 millones se destinarán a inversión. A ello hay que sumar 24,7 millones de la Dirección General de la Vivienda.
Los planes de este departamento contemplan desarrollar durante el próximo año la edificación de 505 viviendas de protección oficial, de las que 133 ya están en obras y 372 se iniciarán en 2020. Además, se licitarán otras 71 más.
También hay una partida de cinco millones para sacar al mercado del alquiler los pisos de los grandes tenedores y 1,8 millones para ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas protegidas privadas que se pongan a la venta.
Hay 10,4 millones de euros que se destinarán a ayudas al alquiler, para personas en riesgo de desahucio, o para familias en situación de emergencia residencial.
Por lo que respecta a Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), su presupuesto para 2020 asciende a 93,5 millones de euros, partida que incluye el inicio de las obras de la prolongación de la línea de metro hasta el Parc Bit, además de redactar el proyecto para crear la línea que debe de enlazar con el hospital de Son Espases. También comenzarán a elaborarse los proyectos para la línea de tren Palma-Llucmajor-Campos y del tranvía que debe comunicar la Plaza de España con el aeropuerto y la Platja de Palma.
El conseller puso de relieve además el reto que va a suponer la puesta en marcha del nuevo servicio de transporte regular por carretera, prevista para el segundo semestre del próximo año.
Respecto a Ports de les Illes Balears, su presupuesto ascenderá a 42 millones de euros, con actuaciones en instalaciones como las de Cala Rajada, Porto Cristo y Port de Sóller.
Desde la oposición se criticaron aspectos como el que los proyectos ferroviarios no sean financiados por el Gobierno del Estado mediante el correspondiente convenio o que se emplee la recaudación de la ecotasa para vivienda o para el metro.
