Uno de los cuatro miembros del Grupo de Blanqueo de Capitales investigados por, supuestamente, manipular las pesquisas del caso Cursach se desmarcó ayer de sus compañeros y, ante la jueza Carmen Abrines, habló de una "instrucción enfermiza", basada en unos testigos protegidos muy maleables y poco fiables. Por el contrario, los otros tres encausados negaron las irregularidades que les atribuyen la Policía Judicial y dos decenas de abogados de imputados del caso Cursach, que ahora son acusación particular en esta pieza separada.

El primer imputado en declarar ante la jueza y los fiscales anticorrupción desplazados desde Madrid fue un subinspector, defendido por Pedro Horrach. Este agente solo quiso contestar a unas pocas preguntas de su abogado y rechazó responder a la jueza, los fiscales y las acusaciones particulares.

El policía explicó que, en su opinión, la instrucción contra la trama de corrupción dirigida supuestamente por Cursach llegó a cobrar unos tintes de "obsesión" y de "enfermiza".

El agente aseguró que él, al ver el cariz que tomaban las cosas, intentó desmarcarse de esa línea de investigación, que habrían marcado el magistrado Manuel Penalva y el entonces fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, y expresó a sus compañeros sus diferencias y críticas por la situación.

El subinspector también cuestionó ante la jueza Abrines la solidez de algunos de los testigos protegidos del caso Cursach, en los que los anteriores investigadores basaron parte de sus acusaciones.

Memorias grabadoras

El siguiente en declarar fue el antiguo jefe de Blanqueo, representado por Álvaro Martín.

Según fuentes jurídicas, el inspector admitió que disponía de varios dispositivos electrónicos grabadores tipo memoria y que estuvo grabando a algunas personas y que también los situó en varias dependencias. Estos medios aseguraron que la declaración les causó estupor y sorpresa por ser grabaciones no autorizadas, no obstante otras fuentes explicaron que el exjefe de grupo solo había admitido que colocó esas memorias en su despacho para averiguar si alguien entraba fuera de su presencia.

No obstante, el investigado negó en todo momento que durante la instrucción se hubieran cometido irregularidades.

Los fiscales madrileños se interesaron, durante los interrogatorios, por la forma en que se planificaron y se ejecutaron las detenciones de varios imputados en los llamados casos ORA e IME, piezas separadas de la causa Cursach.

Según la Policía Judicial que está revisando la instrucción del caso Cursach a la luz de unos mensajes de WhatsApp cruzados entre los agentes de Blanqueo y Penalva y Subirán, estas detenciones, y las prisiones provisionales de algunos de los sospechosos, podrían ser ilegales.

Los tres exagentes de Blanqueo del sector mayoritario coincidieron en rechazar irregularidades durante la instrucción.

No responder a las acusaciones

Los tres investigados tenían previsto responder únicamente a la jueza, los fiscales y sus abogados y no contestar a las preguntas de las acusaciones particulares. Se da la circunstancia de que entre estas está un funcionario de Cort que está investigado en el caso Cursach y pasó varias semanas en prisión preventiva. Esta persona es también abogado y se ha personado contra aquellos que le mandaron a la cárcel.

La jueza tendrá que decidir si cita a testigos o pide al TSJB que investigue a Penalva y Subirán, que son aforados.