"Los vecinos no pueden ser cómplices del silencio de la violencia de género. Los administradores de fincas tenéis un tremendo grado de implicación ante un problema tan grave. Hay que decir a los vecinos que se impliquen". Vicente Magro Servet, magistrado del Tribunal Supremo, abogó ayer en Palma porque los administradores de fincas de Balears implanten comunidades de propietarios libres de violencia. "Hay que proponerlo en las juntas, que las comunidades se impliquen más, esto es un problema global", destacó el juez, experto en materia de violencia machista.
Magro, que es miembro asesor del Observatorio de violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial desde 2002, participó ayer tarde en las V Jornadas de Formación del Colegio de Administradores de Fincas de Balears con una ponencia sobre el papel del administrador de fincas en casos de violencia de género en comunidades de propietarios. El alcalde de Palma, José Hila, se encargó de la apertura de las jornadas en la sede de la corporación presidida por Pau Bonet, en la calle Vinyassa, en la que participaron más de cien personas.
El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo alertó de las cifras de esta lacra social en España. Según indicó, 1.800.000 mujeres mayores de 18 años sufren maltrato psicológico y otras 600.000, maltrato físico. El jurista alicantino, conocido por aportar una doctrina de protección a las víctimas, subrayó que cada año hay 160.000 denuncias por violencia de género, pero en realidad hay 600.000 casos. "Por tanto, hay medio millón de mujeres en silencio. La mayoría de mujeres asesinadas no habían denunciado antes", insistió el juez.
Administradores
"Esto pasa dentro de muchas fincas, en las cuatro paredes de casa. Quien más puede ayudar en este tema son los administradores de fincas. Hay medio millón de mujeres que están calladas. Por ello, hay que implicarse socialmente. Esto es terrorismo de género que se ejerce en cuatro paredes", aseguró el magistrado ante una sala repleta de público.
Vicente Magro recalcó que la implicación de los administradores de fincas puede ser muy positiva con actuaciones preventivas y aplicando un protocolo de 14 puntos en comunidades de propietarios con el fin de potenciar la protección de las víctimas de violencia de género. Así, es preciso contar con comunidades libres de violencia, tanto violencia machista como abusos sexuales a menores o acoso.
"En la escuela, hay que poner una asignatura de tolerancia cero frente a la violencia de todo tipo. Esto no se arregla con más penas ni metiendo a todo el mundo en la cárcel, se arregla con educación", apuntó Magro.
"Los vecinos tienen que ser conscientes de que tienen que colaborar y comunicar los hechos. Tienen que llamar a los agentes e identificarse. No pueden ser cómplices del silencio de la violencia de género. Las víctimas tienen que saber que pueden tocar una puerta y pedir ayuda. La sociedad no puede permanecer inerte ante un problema tan grave. No puedes ser cómplice. El vecino debe ser consciente de que la víctima está sola. Hay que pensar que esto le puede ocurrir a nuestras hijas. Entonces, te pones las pilas y te vuelves solidario. Esto hay que transmitírselo a las comunidades de propietarios", insistió el magistrado, quien agregó que de cada diez mujeres asesinadas en España 6,5 vivían en comunidades de propietarios. "Matan en los pisos", concluyó Vicente Magro.
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