Uno de cada dos contratos temporales revisados en Baleares durante este verano por la Inspección de Trabajo se encontraba en fraude de ley, según destacó el pasado jueves el conseller de Modelo Económico, Iago Negueruela.
La campaña especial de inspección que se desarrolla en las islas durante julio y agosto, con la llegada de 32 inspectores desde la península, ha beneficiado a 6.744 trajabadores, que han visto como se mejoraban sus contratos, según los datos facilitados por el conseller, una cifra prácticamente idéntica a la del verano de 2018.
Con carácter directo, se han transformado 3.500 contratos temporales en indefinidos (fijos y fijos-discontinuos), lo que supone la mitad de los revisados; se ha alargado la jornada en 232 contratos a tiempo parcial; y se han detectado 280 empleados a los que no se había dado de alta en la Seguridad Social, hasta sumar un total de 4.012 trabajadores beneficiados de forma directa. A ellos se suman unos 2.700 más de forma inducida, es decir, aquellos a los que el empresario mejora las condiciones al ver que se están realizando estos controles, según las estimaciones de este departamento.
Este balance del plan especial de lucha contra el fraude laboral, del que este verano se ha ejecutado su quinta edición, fue expuesto ayer por el conseller Negueruela junto a la directora general de Trabajo, Virginia Abraham, y a la directora territorial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Yolanda Robledo.
Por tipología del fraude, durante esos dos meses se visitaron 1.302 empresas en las que se revisaron 7.250 contratos temporales. En 3.500 de ellos se detectó fraude y se transformó la situación de los trabajadores en indefinida. El hecho de que las irregularidades en esta materia hayan supuesto cerca del 50% en las dos últimas campañas de control refleja, según el conseller, que se trata de un aspecto en el que se registra un elevado incumplimiento de la legislación. Pero además puso en valor la planificación que desde la Inspección se hace a la hora de seleccionar las empresas a revisar, en su mayoría de pequeño tamaño.
En el caso de los contratos a tiempo parcial, se revisaron 2.311, y en este caso se detecto fraude en 232 de ellos (uno de cada diez), obligando a ampliar el horario y el salario del trabajador.
Hay que sumar los 280 empleos aflorados, con 60 casos en los que se obligó al empresario a dar de alta al trabajador.
Propuestas de sanción
Todo ello ha dado lugar a la apertura de 93 expedientes con propuestas de sanción por valor de 395.976 euros. De esta cifra, 315.704 euros corresponden a multas en materia de economía irregular, 66.257 por obstruir la labor de los inspectores, 7.877 por fraude en la temporalidad y tiempos de trabajo y 6.138 euros por fallos en la prevención de riesgos laborales.
Además, este año se ha incorporado la vigilancia sobre el control de jornada, con 151 requerimientos a empresas para que lo aplicaran, lo que supone el 23% de las inspeccionadas.
El 8 de agosto se salda con más de 100 empleados en fraude
El pasado 8 de agosto se desarrolló una ‘macrorredada’ simultánea en Magaluf, s’Arenal y Sant Antoni de Portmany, con la colaboración de inspectores de Trabajo, Policía Nacional y Guardia Civil, en busca de fraude laboral. El resultado de esa jornada fue la detección de 17 trabajadores que no habían sido dados de alta, 61 contratos temporales que pasaron a indefinidos, 30 de tiempo parcial a los que se aumentó la jornada, 19 requerimientos por no aplicar el control de jornada y tres actas de infracción vinculadas a temas de salud y seguridad laboral. Todo lo expuesto supuso mejorar las condiciones de 108 trabajadores en estas tres zonas, según destacó la Conselleria.
