Joan Rosselló, Síndico Mayor de la Sindicatura de Comptes de Balears, salió ayer al paso de la investigación de la Oficina Anticorrupción que dirige Jaume Far por una presunta incompatibilidad para auditar las cuentas de la UIB cuando él había sido profesor. "Se trata de una denuncia de un anónimo con la clara intención de perjudicarme", aseguró Rosselló. "Estoy muy tranquilo, ya que la propia inspectora propone archivado el caso", añadió.
Mientras los dos organismos encargados de fiscalizar y controlar las operaciones económicas de las instituciones isleñas están enzarzadas en una guerra soterrada, tanto el Govern como la oposición optaron ayer por callar.
La denuncia contra Joan Rosselló entró en la Oficina Anticorrupción el cinco de octubre. Una persona anónima puso en conocimiento de que Rosselló había auditado las cuentas de la UIB habiendo trabajado como profesor de la Universitat y por ello el denunciante pedía su destitución por incompatibilidad. Todo se remonta a meses atrás. Según el Síndico Mayor de Cuentas, algunos funcionarios de la Sindicatura reclamaron unas retribuciones especiales a la hora de aplicar el plus de la carrera profesional. Sin embargo: "Yo me negué y dije que debían ser las mismas retribuciones que percibirían los funcionarios de la Comunidad Autónoma. Después se llegó a un acuerdo con ellos", indicó Rosselló.
El máximo responsable de la Sindicatura de Comptes aseguró que siempre ha colaborado con la Oficina Anticorrupción de Jaume Far, pero se quejó de la "indefensión de una denuncia anónima" que tiene la clara finalidad de perjudicarle. Hay que recordar que varios funcionarios de la Sindicatura han pasado a trabajar a la Oficina Anticorrupción de Jaume Far en los últimos meses y ello era sinónimo de colaboración entre los dos organismos.
Joan Rosselló relató que cuando él llegó a la Sindicatura de Comptes en 2015, el anterior Síndico Mayor estaba llevando la auditoría de la UIB. Para no alterar todo el trabajo decidieron que él siguiera con esta labor. "Para apartarme de la fiscalización lo tenía que comunicar a mi superior jerárquico, pero yo no tenía. En todo caso era el Consejo de la Sindicatura, el mismo organismo que decidió que yo siguiera los trabajos iniciados por el anterior síndico en la UIB", relató Joan Rosselló ayer a este periódico.
El Síndico Mayor puso un ejemplo de la situación: "Es como si un basurero de Emaya no pudiera trabajar nunca más con la empresa municipal por haber sido empleado suyo. Es cierto que yo soy funcionario de la UIB, pero un simple profesor y en ningún momento me he encargado de contrataciones y de adjudicaciones, siempre me dediqué a dar clases y, por ello, estoy tranquilo porque no hay incompatibilidad". Joan Rosselló añadió que "el informe de la inspectora utiliza como argumento para archivar la investigación que hicimos un informe de fiscalización de la UIB con conclusiones muy duras".
Govern y oposición callan
Por su parte, el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes no quiso profundizar en la cuestión: "La Oficina Anticorrupción hace el trabajo por la cual fue creada y no tiene que haber ninguna ingerencia porque son un órgano independiente. Sus técnicos decidirán sobre el caso". Desde el PP tampoco quisieron pronunciarse hasta no tener más conocimiento de causa.
