Salud triplicó en 2018 los cierres por infracciones alimentarias

Además, llama la atención que esa cifra de cierres casi triplica la realizada un año antes, en 2017, cuando los inspectores de Seguridad Alimentaria decidieron esta medida extrema con 34 establecimientos.

El año pasado las suspensiones de actividad se ejecutaron sobre 80 negocios del sector denominado Horeca, esto es, sobre Hoteles, restaurantes o empresas de catering que sirven comidas preparadas, detalló Margalida Buades, jefa del servicio de Seguridad Alimentaria.

Otras 10 se acometieron en otros establecimientos dedicados a otros alimentos entre los que Buades, a modo de ejemplo, citó cafeterías, pescaderías o lecherías. Y los tres restantes correspondieron a cierres de industrias cárnicas y derivados, reveló la jefa del servicio.

Progresión creciente

Este aumento en el número de cierres cautelares parece que tendrá una continuidad en el tiempo toda vez, como adelantó Buades, en estas fechas del mes de octubre ya se habrían decretado suspensiones de actividad en unos 110 establecimientos, una cifra que volvería a batir el registro del año anterior cuando aún restan dos meses, noviembre y diciembre, en los que la actividad inspectora y sancionadora seguirá su curso.

La memoria del año pasado refleja que, en los tres últimos ejercicios cerrados, la evolución de los cierres ha sido la siguiente: 45 en 2016, 34 en 2017 y los citados 93 del año pasado.

Y si las clausuras están creciendo exponencialmente, las sanciones no les van a la zaga. Según los datos colgados en Salud Pública, las 350 sanciones impuestas en 2018 suponen casi un 38% más que las 254 del ejercicio precedente, año en el que estas registraron un pequeño retroceso frente a las 277 multas incoadas en 2016.

Como en el caso de los cierres, la inmensa mayoría de las sanciones se impusieron a establecimientos del sector Horeca, 276 sobre los 350 totales, 57 multas se han aplicado a locales englobados bajo la denominación "otros alimentos" y los 17 restantes a empresas dedicadas a la comercialización de carnes y sus derivados.

Preguntada sobre las cantidades reclamadas a los establecimientos sancionados, la jefa del servicio de Seguridad Alimentaria no pudo precisar ninguna cifra al encontrarse, dijo, una parte de los procedimientos incoados aún en fase de tramitación.

Lo que sí avanzó Buades es que, como en el caso de los cierres, las sanciones también están creciendo en este año ya que, en estas fechas, ya se habrían iniciado casi 450 expedientes, lo que hace prever que su aumento superará a final de ejercicio el registrado este.

Por último, en lo que se refiere a las denuncias ciudadanas, también registran un aumento, pero muy ligero en comparación con los dos apartados anteriores. 255 se contabilizaron en 2018, 5 más que en 2017 (250) que a su vez registró 5 más que en 2016 (245).

145 de las denuncias ciudadanas del año pasado atañían a cocinas, restaurantes y empresas de catering, 97 a establecimientos dedicados a la comercialización de alimentos varios y 13 a empresas dedicadas a la carne.

Recapitulando, el año pasado se realizaron 6.990 inspecciones y auditorías sobre establecimientos del sector. "Aproximadamente el 82% fueron inspecciones y el resto auditorías sobre las medidas de seguridad alimentaria que los locales están obligados a tener implementadas", diferenció Buades.

La presión inspectora sobre el sector de la alimentación sigue siendo baja en esta comunidad, lamentó la jefa de departamento apelando a los datos de la memoria de 2018. En ese año había un total de 20.038 establecimientos censados en todo el archipiélago dedicados a esta actividad y tan solo se "controló" a 4.630 con 7.895 visitas (a alguno se tuvo que volver). O lo que es lo mismo, cada local es visitado cada cuatro años y algunos meses.

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