La Policía Nacional ha detectado que el colapso que se ha venido registrando en el servicio de citas previas de Extranjería de las islas estaba provocado en buena medida por un dispositivo diseñado por varios despachos profesionales, desde los que se utilizaba una red de locutorios para acumular turnos para sus clientes y cobrar por ellos, según ha confirmado a Diario de Mallorca el delegado del Gobierno en funciones, Ramón Morey. Por ello, se han diseñado nuevas medidas para evitar estas prácticas irregulares, y se espera que en poco tiempo concluyan las demoras que en algunos casos han llegado a alcanzar los cinco meses.
Los comportamientos que se han detectado consisten en que los citados despachos profesionales (como podrían ser el caso de abogados) encargaban a grupos de inmigrantes que desde diferentes locutorios se conectaran a la página web que ofrece las citas previas para acumular cada día el mayor número de turnos posibles, de forma que pudieran ofrecerlos y cobrar por el servicio.
Un punto destacado es que esta actividad no supone inicialmente una ilegalidad, pese a ser claramente irregular, pero se va a investigar si en el diseño de todo este dispositivo de locutorios se ha infringido alguna normativa.
El resultado de este tipo de comportamientos es que cada vez que se abrían la posibilidad de acceder a algunas citas previas, éstas se agotaban en cuestión de minutos. Esta situación hacía que muchos extranjeros pudieran tardar varios meses en conseguir un turno para tramitar sus papeles, si querían hacerlo sin tener que pagar nada a cambio, con los perjuicios que ello les estaba suponiendo para poder cobrar una prestación por desempleo, tramitar una reunificación familiar o abrir una cuenta en un banco, por citar algunos ejemplos.
Todo ello se ha dado en un contexto en el que la población extranjera ha registrado un fuerte incremento en el archipiélago durante los últimos años, lo que ha generado que la afluencia de usuarios a los servicios de Extranjería se haya multiplicado, y además el personal de la Administración del Estado en las islas se haya visto recortado al optar muchos funcionarios por pedir el traslado a otras zonas del país, en parte por el elevado coste de la vida en el archipiélago.
Para hacer frente a este problema, se ha diseñado un plan de choque que ayer fue presentado por la responsable de la Oficina de Extranjería de la Policía Nacional, Esther Ribas, y por la directora del área de Trabajo e Inmigración, María Alarcos, durante la visita que a estas dependencias realizaron Ramón Morey y el jefe superior de la Policía Nacional en Balears, Gonzalo Espino.
Plan de choque
La primera medida va a pasar por una ampliación de personal. La oficina de la Policía Nacional contará con tres personas más para atender a los británicos que buscan regularizar su situación ante el brexit, a lo que se sumarán algunos funcionarios más, sin cuantificar aún, para el resto de nacionalidades. En el caso de la Delegación, se refuerza con cuatro personas su oficina de Palma.
También se limita a una sola cita previa la que se va a poder solicitar por persona, al registrar el IP del ordenador, el número de móvil o el email. Este punto se señala como básico a la hora de combatir a la citada red de locutorios desde los que se hacía acopio de turnos.
Además, el programa Mercurio va a permitir un número creciente de trámites por vía telemática.
