El Tribunal Constitucional rechazó ayer un recurso del Partido Popular y avaló la constitucionalidad de la Ley de Caminos y Rutas Senderistas, impulsada por el Consell de Mallorca durante la pasada legislatura. Los populares ya anunciaron ayer que si vuelven a gobernar derogarán esta polémica norma.
Los conservadores apuntaron que acatan la resolución del Tribunal Constitucional, pero recordaron que la norma fue "duramente contestada y criticada" durante su tramitación parlamentaria "por los centenares de propietarios de fincas rurales que se verán afectados".
El PP, junto a la Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas, consideraba que la ley daba potestad a la institución insular para acometer expropiaciones forzosas sin utilidad pública. Sin embargo, el Pacto de Izquierdas, justo antes de la aprobación de la norma, cambió el texto y la palabra expropiación desapareció del redactado definitivo. De todas formas, el Constitucional también ha rechazado los argumentos de los populares que consideraban que se "atentaba contra el derecho a la propiedad privada".
Miquel Ensenyat, presidente del Consell el pasado mandato y en la actualidad portavoz de Més en el Parlament, valoró ayer que el recurso presentado por el PP a través del Congreso de los Diputados "era un atentado contra el autogobierno y una ofensa a la gente que ama esta tierra".
El diputado nacionalista defendió que la ley "es un instrumento para poner el territorio al servicio de las personas y evitar su privatización" y que daba respuesta "a una reivindicación histórica por lo que la respuesta de los tribunales no podía ser otra". "Aprobamos una normativa justa que garantizaba que nadie se apropiara de lo que es de todos", apostilló.
El pleno del Tribunal Constitucional rechazó ayer el recurso del PP contra la Ley de Caminos Públicos y Rutas Senderistas de Mallorca y Menorca. El PP consideraba que la norma facultaba a la administración para llevar a cabo expropiaciones forzosas de caminos sin utilidad pública o interés social, argumentos que ha rechazado la Sala del Constitucional.
Desde el Consell mostraron su satisfacción por el fallo y apuntaron que la ley "da respuesta a la necesidad de establecer un régimen jurídico para los caminos públicos para poder recuperarlos y promover su uso y defensa".
