La conselleria de Trabajo de las islas diseñó hace pocos años un plan de lucha contra la precariedad laboral con la llegada de inspectores desde la península durante el verano para vigilar los contratos temporales y a tiempo parcial, y sus responsables no dejan de insistir en que la tasa de temporalidad, pese a mejorar en Balears, sigue siendo demasiado alta. Pues bien, el liderazgo en la creación de empleo precario, es decir, temporal, recae en la propia Administración pública.
En el archipiélago, el 29,9% de los asalariados públicos tienen contratos temporales, según la encuesta de población activa (EPA) del segundo trimestre de este año, cuando en el sector privado este porcentaje es del 25,7%.
Pero además, en un momento en el que se habla de reducir la brecha de género que hace que las condiciones laborales de las mujeres sean peores que las de los hombres, en la Administración esta distancia es abismal: en el sector público la temporalidad afecta al 34,6% de sus trabajadoras, cuando en el caso de los varones este porcentaje cae hasta el 24,8%.
Y todo ello con un agravante: esta tasa de temporalidad del 29,9% entre los asalariados de la Administración corresponde al periodo del año (segundo trimestre de 2019) en que es más baja al coincidir con el despido de muchos profesores interinos, según se destaca desde la federación de empleados públicos de UGT en las islas, ya que al cierre del tercer trimestre de 2018, cuando ese personal volvió a incorporarse, subió hasta el 36,4% (un 29,9% en el caso de los hombres y un 42% en el de las mujeres).
Hay que apuntar que la precariedad del empleo público de Balears, aunque está por encima de la media de España (28,2%, según la EPA del segundo trimestre), no es la más acentuada del país. Basta señalar que en el País Vasco alcanza el 37,3%, en Navarra el 35,1%, en Cantabria el 34,1%, en Canarias el 33,7%, en la Comunidad valenciana el 31,9% y en Extremadura el 31,3%. La más baja es la de La Rioja, con un 22,9%, seguida de Cataluña y Madrid, con un 24,5% y un 24,6% respectivamente.
A la hora de explicar cómo se ha llegado a esta situación, tanto el secretario general de la citada federación de UGT, Miguel Ángel Romero, como la directora general de Función Pública, Irene Truyols, recuerdan las limitaciones que el Gobierno de Mariano Rajoy aplicó a la hora de sustituir las plazas que quedaban vacantes en las Administraciones con ofertas de empleo, como vía para rebajar el déficit público tal y como se demandaba desde Bruselas. Pero el problema en las islas, según Romero, es que el expresident balear José Ramón Bauzá fue más allá de lo que se le exigía desde Madrid, y paralizó cualquier tipo de relevo.
"Fue como hacerse trampas en el Solitario, porque los ciudadanos siguieron exigiendo sus servicios públicos y para poder mantenerlos se llenaron de personal temporal", lamenta el representante sindical.
El resultado es que del 18,4% de temporalidad en el sector público balear registrado en 2013 se ha pasado al 29,9% actual.
Impacto en la brecha de género
Pero el impacto sobre las mujeres ha sido superior al de los hombres debido a que el aumento de la plantilla temporal se ha dado de forma especial en dos sectores muy feminizados, según señalan Romero y Truyols, como son la Sanidad (el peso de las enfermeras es especialmente alto) y la Educación.
En cualquier caso, desde UGT se recuerdan los acuerdos alcanzados entre Govern balear y sindicatos para revertir esta situación, que han supuesto que en 2019 se haya dado el primer descenso en años en esta tasa de temporalidad, ya que frente al 29,9% del segundo trimestre de 2019, en las mismas fechas de 2018 era del 32,7%, según la EPA.
Tres años
La directora general de Función Pública, Irene Truyols, y el secretario general de la federación de empleados públicos de UGT en las islas, Miguel Ángel Romero, señalan que los pactos alcanzados entre Govern y sindicatos van a lograr reducir paulatinamente la tasa de temporalidad actualmente existente en la Administración pública de las islas. En este aspecto, la primera destaca que en noviembre se iniciarán las pruebas para acceder a una plaza en el Cuerpo Superior de la Comunitat Autònoma, a la que irán siguiendo otras para las diferentes categorías.
Romero admite que la situación ha empezado a mejorar, pero advierte de que van a ser necesarios al menos tres años para rebajar las tasas de temporalidad hasta niveles más aceptables.
Así, se recuerda que el porcentaje que se considera óptimo en la Unión Europea se sitúa en el 8%, cuando al cierre de junio en Balears rozaba el 30%.
Truyols defiende la necesidad de que el empleo público sea estable al considerar que favorece la calidad en el servicio que reciben los ciudadanos, que así disponen de la garantía de que la persona que los atiende ha superado unas pruebas con transparencia.
