El Govern paga cada año unos 700 millones en pluses y en complementos adicionales en las nóminas de sus empleados públicos, según el informe de la Sindicatura. La mayor parte de ellos son abonados de forma legal. La Sindicatura no ha contabilizado los que se pagan de forma irregular, ya que en el informe se han centrado en la parte jurídica.
Desde el Govern indicaron ayer que están trabajando con la Intervención de la Comunidad para “corregir las irregularidades administrativas” detectadas por la Sindicatura de Comptes y que ahora serán analizadas por el Tribunal de Cuentas: “El Govern, a través de Intervención, actúa por iniciativa propia para detectar y corregir las posibles irregularidades administrativas que se puedan producir. El Ejecutivo balear es el primer interesado en cumplir el principio de legalidad de sus actos administrativos y en hacer funcionar sus mecanismo de control interno para subsanarlos”, apuntaron desde la conselleria de Administraciones Públicas que dirige la consellera Isabel Castro.
De igual modo, dejaron de manifiesto “que el Govern valora el papel de la Sindicatura de Comptes en el control y enmienda de las posibles incorrecciones administrativas que la administración haya podido cometer y manifestamos nuestra voluntad de cumplir con la legislación”.
Administraciones Públicas recordó también que se han alcanzado acuerdos en mesas sectoriales que no pudieron ser incluidas antes del informe de la Sindicatura y son legales.
Por otra parte, el Gobierno central interpuso una cuestión de inconstitucionalidad en los presupuestos del Govern y que ahora se ha llegado a un acuerdo para que se retirara. Las reticencias de Madrid eran, precisamente, por el incremento de la masa salarial de los funcionarios con los pluses.
