El Tribunal de Cuentas, organismo fiscalizador de las administraciones públicas dependiente del Estado, analizará el pago de pluses y retribuciones complementarias realizados por el Govern y sus entes autónomos a funcionarios y personal público. La Sindicatura de Comptes de Balears le ha enviado el informe en el que se detectaron "incumplimientos reiterados de la normativa" en la creación y pago de "retribuciones sin la debida cobertura legal" en el Govern, especialmente en el IB-Salut, durante el ejercicio de 2016.
El órgano fiscalizador de Balears realizó un informe por oficio para investigar todos estos pagos y se hizo público a mediados del pasado mes julio. En concreto, detectó más de 40 pluses "irregulares" a los funcionarios del Govern.
Joan Rosselló, síndico mayor de las islas, explicó que "es cierto que este informe se hizo con carácter específico y ahora será el Tribunal de Cuentas quien decidirá si requiere a la Comunidad para que explique estos pagos". Rosselló puso de manifiesto que uno de los principales problemas se encuentra en el IB-Salut: "Nos encontramos como en el Servei de Salut hay 29 conceptos de complementos al personal público y hasta 130 subconceptos. Ello provoca que muchos se abonen sin la cobertura legal adecuada". En este sentido, Rosselló habló de pluses que las gerencias de los hospitales públicos pagan a sus empleados "basados en acuerdos unilaterales con la gerencia del hospital y sin que exista normativa que establezca la actividad remunerada ni tampoco los importes a abonar a los empleados". En estos apartados nos encontramos pluses como la participación en programas, complementos de actuaciones concretas; como es el caso de las peonadas hospitalarias, complementos por especial rendimiento o complemento por cumplimiento de objetivos.
Sin informes jurídicos
Rosselló también criticó que muchos de los pluses que paga el Govern no tengan informes de los servicios jurídicos ni de la Intervención de las respectivas conselleries del Ejecutivo. Por este motivo, en el informe del organismo fiscalizador de Balears, entre sus conclusiones, recomienda al Govern que antes de abonar pluses nuevos a los funcionarios "se soliciten informes de legalidad de la Intervención General y de los Servicios Jurídicos del Govern y del IB-Salut". Joan Rosselló apuntó que "nuestro informe no es vinculante, pero sí que sabemos que algunos organismos de la Comunidad lo tienen en cuenta, como es el caso de Educación". El síndico mayor quiso dejar claro que este "no es un problema de este Govern, todos los Ejecutivos han hecho lo mismo" con el pago de pluses a los empleados públicos.
Además de los complementos en el IB-Salut existen otras retribuciones complementarias que el Govern abonó en 2016 de forma "ilegal" y que ahora el Tribunal de Cuentas analizará. Es el caso del complemento conocido como de "productividad", ya que los funcionarios lo reciben de forma consolidada, cuando debería ser en función de su producción. También se refiere al llamado "complemento específico", que el Govern amplía un plus creado por el Estado y tres años después pasó a ser integrado en las nóminas.
El informe de la Sindicatura también calificó de "irregular" el plus de la carrera profesional pagado en 2016, ya que hasta el 2017 no se aprobó su abono.
