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Abogados prevén que crezcan las demandas de presos que son absueltos

El Tribunal Supremo abre la puerta a que los reclusos preventivos que son exculpados cobren una indemnización del Estado por los perjuicios

Juicio en la Audiencia de Palma contra unos presuntos narcotraficantes. Manu Mielniezuk

Abogados mallorquines prevén que aumenten las demandas contra el Estado de personas absueltas en procesos penales y que sufrieron prisión preventiva, tras la sentencia dictada anteayer por el Tribunal Supremo. Este fallo ha establecido que la prisión preventiva da derecho a indemnización por parte del Estado "en todos los supuestos de absolución por cualquier causa o de sobreseimiento libre". Este tipo de demandas por mal funcionamiento de la Administración Pública ya existían, pero en junio pasado el Tribunal Constitucional abrió la puerta a que los beneficiados por las indemnizaciones fueran todos los exreclusos y no solamente los exculpados en determinadas circunstancias.

Es la primera sentencia dictada por el Supremo en aplicación de la doctrina del Constitucional, que declaró inconstitucional la limitación de los casos indemnizables por prisión preventiva indebida a los que terminaban en absolución "por inexistencia del hecho imputado" o los que por esta misma causa, daban lugar a auto de sobreseimiento libre.

El Supremo ha señalado que, como consecuencia de la sentencia del TC, del artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha desaparecido la mención a que la absolución se haya producido "por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre". Es decir, que dicho artículo, una vez excluidos los incisos declarados inconstitucionales y nulos, pasa a decir: "Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos o haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios".

Gaspar Oliver y Juan Carlos Peiró son dos penalistas que ya han llevado reclamaciones, aunque con distinta suerte. Peiró demandó al Estado por una persona que había estado presa y que en la sentencia el tribunal afirmaba que no había prueba ni para que hubiera sido detenida. El demandante perdió su trabajo y sufrió una depresión, extremos que acreditó en su reclamación. No obstante su recurso fue desestimado. Ahora lo ganaría.

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