Los docentes de Balears elevaron ayer la presión sobre la conselleria de Educación para que suspenda de inmediato el control horario de los profesores y convoque una mesa sectorial específica para tratar esta cuestión de manera urgente. Si hace una semana la junta de personal docente no universitario de Mallorca se pronunciaba en este sentido, las juntas de Menorca y Eivissa y Formentera han cerrado filas con ella. En una reunión celebrada ayer entre los representantes sindicales de los docentes de todas las islas quedó clara esta unanimidad.

Paralelamente, Alternativa se ha sumado a la llamada de STEI y UOB a los profesores a no fichar como medida de presión. Entre los tres sindicatos suman 27 de los 39 miembros de la junta de personal docente no universitario de Mallorca. UGT y CCOO no se han sumado a esta medida. Tino Davia, secretario de enseñanza de UGT Balears, consideró ayer que "no fichar puede tener unas consecuencias, aunque la Conselleria diga que no las habrá mientras el sistema esté en pruebas, porque al final supone no cumplir una norma".

La conselleria de Educación ha citado a los representantes de los profesores a la mesa sectorial para el próximo día 29, si bien el presidente de la junta de docentes y secretario general del Stei, Cosme Orell, matizó ayer que "en realidad Educación ha comunicado que habrá esta mesa, pero no hay una convocatoria por lo que, por ejemplo, no hay documentación adjunta sobre este asunto".

La Conselleria esgrime que el control horario de los docentes está aun en período de pruebas hasta enero. Para los representantes sindicales "es un ataque directo a la dignidad de los docentes y son muchas las dudas que este sistema genera entre el profesorado, con una casuística muy diversa que nadie sabe de qué manera le puede afectar", según el comunicado aprobado por la junta de personal docente de Mallorca.

Junto a ello, UGT ha encargado a sus servicios jurídicos que estudien las posibles vías de impugnación del sistema de fichaje ya que "se han podido vulnerar derechos como el que la medida se ha adoptado sin negociación colectiva y, además, no hay seguridad jurídica para aplicarla", explicó Davia.

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