El Govern ha impuesto durante la temporada turística de este año 134 sanciones a vehículos que no respetaban la legalidad en el aeropuerto de Palma. Esta cifra tiene dos aspectos significativos: 68 de estas multas, es decir, en torno a la mitad, han ido dirigidas a las empresas de microbuses que operan en Son Sant Joan, algunas de ellas acusadas habitualmente de hacer captación ilegal de clientes dentro de estas instalaciones, y además en 52 casos, o lo que es lo mismo, más de un tercio del total, el motivo del expediente ha sido el de obstrucción a la labor de los inspectores, es decir, negarse a facilitar la documentación que se les reclama, una situación que no se da en ningún otro colectivo sobre el que se han aplicado multas.
Según los datos facilitados hoy por el conseller de Movilidad, Marc Pons, y por el director general de Transportes, Jaume Mateu, la campaña de lucha contra el intrusismo que se realiza de mayo a octubre en Son Sant Joan se ha saldado este año con las 134 sanciones antes señaladas, muy por debajo de las 656 infracciones detectadas en 2018. Pero el dato más relevante es que, con menos multas que en el verano anterior, la cuantía de las mismas ha alcanzado los 311.323 euros, superando los 300.945 de 2018. La explicación es precisamente los numerosos casos de obstrucción antes señalados, que son multados con especial dureza, y que se han dado porque en esta ocasión se ha pedido también la documentación relativa a los tacógrafos y a los tiempos de conducción.
Por sectores, 68 infracciones han correspondido a las empresas de transporte discrecional, principalmente a los citados microbuses o furgonetas, y de ellas ocho han sido al comprobar que captaban ilegalmente a clientes dentro del aeropuerto, una por vender plazas individuales para completar la capacidad del autocar, cuatro por usar coches no autorizados, una por no llevar hoja de ruta, una por actuar como si fuera un taxi, una por incumplir las condiciones del contrato, y los 52 casos de obstrucción antes señalados.
En el caso de los taxis, se les han aplicado 33 sanciones. De ellas, 23 corresponden a los taxistas de Palma, y la mayoría, en concreto 21, es por incumplir las tarifas. En el caso de los taxistas de la part forana, han sumado 10 infracciones, de las que ocho son por incumplir la tarifa y hay también un caso en que se realizaba transporte de mercancía sin autorización.
Hay 24 sanciones contra vehículos de alquiler con conductor (VTC), siete de ellas por tratarse de coches llegados de otras regiones sin acreditar si habían superado el tiempo máximo en el que pueden trabajar en la isla, diez también a coches de la península por no cumplimentarla hoja de ruta, y dos por no tener autorización, entre otros casos.
A ello hay que sumar seis multas a coches privados que realizaban transporte de pasajeros sin contar con autorización (conocidos como 'piratas'), dos a vehículos de transporte sanitario no autorizados, y una a un coche de empresa.
Esta vigilancia ha sido desarrollada por ocho inspectores que han acudido al aeropuerto de Palma durante 110 días de los citados seis meses de la campaña frente a los 84 de 2018. A ello ha que sumar los controles que se han aplicado también en el aeropuerto de Eivissa, desarrollados por cuatro inspectores del Govern que se han sumado a los del Consell Insular, y que han dado pie a 103 sanciones por valor de 152.902 euros, impuestas por el personal de la Conselleria.
Un aspecto destacado por el conseller es que de nuevo han participado inspecciones de paisano en el interior de Son Sant Joan con el fin de detectar la captación ilegal de clientes. En este sentido, ha subrayado la necesidad de actuar contra aquellos que pretenden alterar el mercado con comportamientos ilegales.
Extender la vigilancia sobre otros sectores del transporte
Entre mayo y octubre de este año se han aplicado controles sobre 314 vehículos en el aeropuerto de Palma, lo que ha dado pie a 134 sanciones. El hecho de que se hayan detectado irregularidades en más de un tercio de los casos refleja la elevada actividad ilegal que se desarrolla en materia de transportes en el entorno de Son Sant Joan, según destacó el presidente de la asociación independiente de taxistas, Biel Moragues, que fue uno de los participantes en la reunión celebrada ayer por la Comisión para la Lucha contra el Intrusismo.
Del mismo modo, el gerente de la patronal balear del transporte, Salvador Servera, y el secretario general de la federación de este sector en CC OO, Josep Ginard, coincidieron en la necesidad de que el próximo año se extienda la vigilancia a los vehículos de mercancías que también operan en el aeropuerto palmesano. Servera hizo una reivindicación adicional: en estos momentos el 60% de los turistas que llegan al aeropuerto lo hacen al margen de touroperadores, lo que hace necesario revisar el modelo de transporte actual para garantizar que el legal es suficiente para atender esta demanda.
