Una de las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés es que toda una generación de políticos catalanes, encabezada, de momento, por el muy votado Oriol Junqueras va a quedar inhabilitada. Los nueve principales condenados no podrán ocupar cargos públicos en años, por lo que, cuando logren la libertad, se quedarán como iconos pasivos de una independencia que no pudo ser.
Todo el mundo ha centrado su atención en la forma en que los nueve cabecillas de la sedición van a cumplir sus condenas privativas de libertad, pero pocos se han acordado de que este grupo de dirigentes está muerto políticamente.
En las penas de inhabilitación no se pueden obtener grados (como en las de cárcel). No hay beneficios penitenciarios y se avecina una larga travesía del desierto para aquellos que quieran seguir en la política activa. Hasta ahora muchos de ellos, y el fugado Carles Puigdemont, se han presentado a varias elecciones y han resultado elegidos, aunque poco han podido disfrutar de sus cargos.
Otro u otros juicios. Mientras Cataluña se queda con unos líderes inoperativos, el Tribunal Supremo ha vuelto a activar el mecanismo para que Puigdemont sea entregado a España. Curiosamente, el juez Llarena solo ha reactivado la euroorden contra el expresident de la Generalitat por lo que podría darse el caso de que hubiera varios juicios contra el procés. Queda todavía recorrido judicial sobre aquellos años de locura: el juicio al mayor Trapero y sus acólitos, la vista oral contra la exmesa del Parlament y los 30 ex altos cargos investigados por varios delitos en Barcelona.
