El jurista y expresidente de la Obra Cultural Balear, Sebastià Frau, se mostró ayer muy perturbado por el fallo del Tribunal Supremo contra los condenados por el procés. Frau habló de "atropello flagrante a la Justicia y a los derechos humanos" y resaltó que los acusados "ya estaban condenados mucho antes del comienzo del juicio". Según Frau, "el Tribunal Supremo ha asumido el papel protagonista, y a la vez ha sido instrumento de un diseño político del Estado que quería decapitar el independentismo por medio del encarcelamiento de sus líderes, provocar miedo en la ciudadanía catalana y causar un efecto de escarmiento generacional".
Catalina Martorell, juez de instrucción de Inca y portavoz en Balears de Jueces para la Democracia, se remitió a la valoración de la sentencia hecha por su asociación. No obstante, Martorell destacó que "no criticamos el contenido de la sentencia, ni la forma en que se ha llevado a cabo el juicio, que se ha efectuado con todas las garantías y el tribunal ha sido imparcial". "Los ahora condenados tienen derecho a acudir a otras instancias, como el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que tendrán la última palabra sobre el caso".
La jueza quiso resaltar la tesis de Jueces para la Democracia a lo largo del juicio de este caso: "Debería haber un esfuerzo por parte de los políticos para crear un marco de convivencia social donde pudieran convivir aquellos que divergen del modo de organizarse el Estado".
Jaume Campaner, abogado y profesor de la facultad de Derecho de la UIB, sostuvo que "las penas pueden parecer desproporcionadas, pero el tribunal se ha movido en los márgenes que manda la Ley. En un futuro correspondería a los políticos abrir un debate sobre la proporcionalidad de las penas respecto a estas conductas. El Supremo se ha movido en el marco de la Ley". Campaner piensa que los casi seguros recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional o Estrasburgo difícilmente pueden prosperar: "Veo escasa viabilidad a esos recursos porque, como hemos visto en el juicio que ha sido retransmitido, ha habido una gran cantidad de prueba y en eso se ha basado la sentencia". Campaner, por último, quiso destacar que "El tribunal ha demostrado su absoluta independencia del fiscal, que acusaba de rebelión. La sala se ha sometido al imperio de la ley".
Parecida valoración efectuó el penalista y exjuez sustituto Francisco Pérez: "La sentencia demuestra la independencia de la Abogacía del Estado, cuyas tesis, respecto a la sedición, ha acogido el Tribunal Supremo. En su día se criticó a la Abogacía del Estado por pedir una pena inferior a la de la fiscalía, pero sus tesis han triunfado".
Francisca Pol, abogada y exdiputada en el Congreso por el Partido Popular, postuló que "la condena de 13 años de privación de libertad para Oriol Junqueras es ejemplar, son penas elevadas adecuadas a la gravedad de los hechos". No obstante, Pol expresó su temor a que dichas condenas queden en agua de borrajas: "ahora hay que saber cuánta condena efectiva van a cumplir, ya que eso depende de la Administración penitenciaria catalana y no sabemos cuántos años cumplirán".
Josep de Luis, abogado y presidente de la Obra Cultural Balear, no se había estudiado todavía el fallo. "Voy por la página 27 y aún no puedo hacer una valoración jurídica. Una primera valoración política es que se trata de una sentencia desproporcionada y que no ayuda nada. El fallo abre la puerta a que los tribunales internacionales, que ya han enmendado la plana a los tribunales españoles en varias ocasiones, queden otra vez en evidencia en el ámbito internacional".
Por su parte, el penalista y exprofesor de Derecho Penal de la UIB, Gabriel Garcías recordó su postura respecto al caso mantenida hace un año, al principio de la vista oral.
"Ya dije hace un año que la rebelión estaba cogida con pinzas y que sí los hechos podían encuadrarse en malversación, sedición o desobediencia", rememoró el abogado.
El juez retirado José Castro en declaraciones a Els dematins de IB3 dijo no alegrarse "de que personas que han sostenido unos ideales equivocados o mal ejecutados, sean condenados a penas tan altas". Para Castro, el fallo no va a pacificar la cuestión catalana, "pero tampoco sé su una sentencia inferior o de absolución hubiera podido pacificarla". El letrado y exconseller de Cultura Bartomeu Vidal hizo la siguiente reflexión: "La sentencia se olvida de los dos millones de cooperadores necesarios y sin este olvido no habría sentencia".
