El juez Miguel Florit, para el que se reclaman 42 años de inhabilitación por el caso Móviles, niega los delitos que se le imputan y pide su libre absolución.
Florit, defendido por el letrado Josep Zaforteza, será juzgado por la sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) acusado de prevaricación, delito contra el ejercicio del secreto profesional de los periodistas, delito contra el secreto de las comunicaciones y contra la inviolabilidad del domicilio.
Su escrito de defensa consta de 12 folios y en él se hace un detallado relato de los hechos ocurridos desde que en julio del año pasado abrió una causa por un presunto delito de revelación de secretos a raíz de informaciones reservadas o secretas del caso Cursach que fueron publicadas por varios medios de comunicación.
En esas diligencias, el acusado dictó varios autos, entre septiembre y diciembre del año pasado, recabando listados de llamadas telefónicas y la geolocalización de tres periodistas, Kiko Mestre, de Diario de Mallorca; Blanca Pou, de Europa Press; y una redactora de la Agencia Efe.
Auto de requisa
El 11 de diciembre de ese año dictó un nuevo auto ordenando la requisa de los móviles y otros instrumentos de trabajo de Mestre y Pou y el registro de sus redacciones.
Según el juez, en ninguno de esos autos se cometió delito alguno y todos contaron con el apoyo de la fiscalía anticorrupción, que vio estas medidas como no invasivas para los periodistas.
El escrito de defensa no rebate la principal imputación de que con aquellos autos se pudo violar el secreto profesional de los redactores, al dejar al descubierto sus fuentes de información.
El documento señala que los móviles de los dos informadores de tribunales no fueron analizados y siempre estuvieron bajo control judicial, custodiados por los dos inspectores de la Policía Judicial que investigaban la revelación de secretos. La Policía tuvo en su poder los aparatos desde el mediodía del 11 de diciembre hasta las 10 de la mañana del día siguiente, que los entregó al letrado de la Administración de Justicia de instrucción 12. La acusación contra el magistrado es ejercida por Diario de Mallorca, Europa Press, Efe y la Asociación de Medios de la Información. El fiscal pide la libre absolución.
